“Recibimos la orden de incautación de bienes por parte de la jueza a las 18h00. A las 19h00 hubo 15 equipos de la Policía Nacional realizando el operativo en todo el territorio nacional”, detalló José Serrano, ministro del Interior, en una entrevista en Radio Democracia, este viernes 28 de octubre. Esto, sobre la investigación que se realiza sobre una presunta red de corrupción en Petroecuador.
Serrano explicó que apenas se recibió las órdenes de incautación de bienes de los 17 involucrados en el caso conocido como Refinería de Esmeraldas, la Policía Nacional actuó de inmediato. Los operativos continuarán este sábado, con la confiscación de 10 bienes más que estaban escondidos jurídicamente, bajo fideicomisos o empresas creadas por terceras personas, que se convierten en testaferros.
De las ocho personas que registran orden de prisión preventiva y difusión roja por parte de la Interpol, solo Carlos P.Y. fue servidor público, los otros siete son proveedores, empresarios privados, representantes legales de empresas, contratistas de bienes. “Aquí hay un sector privado que se ufanaba de estar en los niveles más importantes de los estándares internacionales, pero se olvidaron de la ética y la transparencia”.
El ministro indicó que antes, la responsabilidad, cuando sucedía este tipo de investigaciones, caía sobre mandos medios o algún funcionario operativo de alguna entidad pública y se tapaba a directivos incluso de carácter político. “Si hacemos un recuento de la historia desde 1980, en los gobiernos de Sixto Durán Ballén, Rodrigo Borja, Jamil Mahuad, Abdalá Bucaram, ninguno de ellos hizo una investigación como tal, sino que fueron las personas afectadas las que lo hicieron”.
La Constitución dice que delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, se pueden juzgar en ausencia de los involucrados y son imprescriptibles, no solo para funcionarios, sino para todos los involucrados. “Estamos enfrentando esta investigación que no es fácil, pero a su vez esta permite proteger la institucionalidad del país, frente a uno de los factores más críticos de América Latina, que es la corrupción”.
Sobre el tema de las detenciones, Serrano informó que se está coordinando con Interpol para que se suba las difusiones rojas de todos los involucrados en el caso Refinería Esmeraldas que se encuentran fuera del país. Desde la difusión roja que se subió en el 2001 por el caso de los Isaías, nunca más se subió una difusión roja (orden de captura a nivel internacional) por estos casos.
“Como Gobierno fuimos personalmente a Interpol y enérgicamente solicitamos que se emita las órdenes de captura. No lo hicimos por nosotros, sino por el pueblo ecuatoriano”. Ecuador ha sido un permanente colaborador con Interpol.
El ministro Serrano informó que Carlos P.Y. se encuentra en EE.UU, aunque no detalló en qué ciudad de ese país. “Queremos reciprocidad de todos los estados donde puedan estar estos ciudadanos, quiero hacer un reconocimiento a España, Reino Unido, Francia, Panamá y EE.UU., por tener una permanente colaboración con el sistema de Justicia ecuatoriano”.
El secretario de Estado informó que se ha conversado con los embajadores de estos países para retirarles las visas a los 17 involucrados en el presunto delito de cohecho en Petroecuador. Además, indicó que sus familiares también se les revocará los pedidos de visa para estos países y si ya ingresaron deben cumplir el tiempo permitido y cuando se les termine caerían en una permanencia ilegal.
Dentro del proceso, la Fiscalía también coordina acciones para que no solo se les incaute los bienes a estas personas, sino que sus cuentas sean inmovilizadas en el país y en los países donde se encuentren para evitar que realicen retiros. Lo que se busca, según Serrano, es que los involucrados en esta posible red de corrupción no disfruten de su enriquecimiento ilícito.
“Hemos investigado casos terribles como el de pases de la Policía. Hemos depurado a cerca de mil policías inmersos en hechos de corrupción. Tenemos que hacer lo posible y lo imposible para que este caso no quede en la impunidad, y para que estos funcionarios que han defraudado la confianza de los ecuatorianos respondan frente a la Justicia”.
Realizando un análisis sobre el delito o los delitos por los que se podría juzgar a los investigados, Serrano dijo que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) permite la acumulación de penas. “En este caso tenemos cohecho, lavado de activos y peculado. Ya no se va a juzgar solo sobre la pena mayor, sino que si además del cohecho se determina peculado, esas penas de 14 años pueden pasar a ser de 30”.
Para finalizar, el principal de esta Cartera de Estado advirtió que si se encuentra vehículos, bienes y bienes inmuebles ocultos en domicilios de amigos, familiares de los implicados, se iniciará una acción penal por obstrucción a la Justicia. “Porque se volvieron cómplices de un delito”.
