A un costado de la imagen de la Virgen del Carmen está la fotografía de Julio García, el fotógrafo chileno que murió en abril del 2005, durante las manifestaciones en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez. Su esposa, Rosario Parra, armó un pequeño altar en medio de la sala de su casa. En voz baja, la mujer relata que en una caja, junto a la Virgen, está una parte de las cenizas de ‘Julito’, como lo llamaba con cariño.
El resto fue esparcido en el Chimborazo y en el mar de Arica, en su natal Chile. Pero en la caja también está su billetera, su navaja y un llavero. Esos objetos le entregaron a su esposa después de que se confirmara que él había muerto asfixiado por las bombas lacrimógenas que usaron los uniformados en las protestas.
Desde ese día han pasado 12 años, pero la muerte de García aún no se aclara. No se conoce cómo fue, ni tampoco se ha identificado a sus responsables. Lo único que le dijeron a su esposa y a sus dos hijas es que perdió el conocimiento entre las calles Guayaquil y Chile, en el centro de Quito. Desde entonces, la muerte del fotógrafo se manejó como una ejecución extrajudicial.
Eso provocó que en el 2009, su nombre aparezca en el informe de la Comisión de la Verdad (CV), un organismo creado dos años antes, en mayo del 2007, para que se “investigaran, esclarecieran e impidieran la impunidad” de hechos en donde se violaron derechos. La CV registró 118 casos en su informe. De esos, en la actualidad apenas cuatro han llegado a una sentencia.
El resto (114) está en investigación reservada; es decir no hay responsables, ni tampoco existe una hipótesis clara de lo que sucedió con las 456 víctimas reportadas en esos casos. Eso ha llamado la atención del actual Gobierno, pues los casos datan desde 1984 hasta el 2008. Frente a esto, el pasado 10 de octubre, el Gobierno exigió a la Fiscalía que actúe con “extrema rapidez”, pues son de “atención prioritaria”.
