Filas extendidas en supermercados y sitios de abastecimiento de productos de primera necesidad, desesperación, asaltos a los puntos de distribución por parte de una angustiada población, fue parte de lo vivido en Venezuela durante el año 2015.
El Gobierno instaló una política de regulación de precios con sensores de huellas digitales a fin de evitar que los ciudadanos consuman más allá de lo permitido; se entregaron turnos para la realización de compras.
Mientras que por una parte el control se acentuaba, por otra, crecía el mercado negro y la especulación. Las ventas en el mercado libre también fueron restringidas.
En el 2015, hubo líderes de oposición que fueron detenidos, es el caso de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, quien fue apresado en el mes de febrero, luego de que sus oficinas fueron allanadas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, al ser señalado por el Gobierno venezolano como un supuesto impulsor de un golpe de Estado.
Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular, fue sentenciado el 11 de septiembre de 2015, a trece años y nueve meses de prisión por su participación en las protestas de 2014. López fue acusado de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Lilián Tintori, esposa del López y activista política lo defiende.
Tras 17 años de poder absoluto. El 6 de diciembre de 2015, Venezuela vivió una jornada electoral para renovar los escaños de la Asamblea Nacional. La oposición se alzó con una victoria calificada como histórica.
La mayoría está formada por 112 diputados: 109 de la Mesa de Unidad Democrática, más tres representantes indígenas; mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) alcanzó los 55 curules.
Pero la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no solo consiguió vencer al oficialismo, sino que alcanzó una “súpermayoría” que le permitiría, a partir del 5 de enero próximo, cuando se posesione, revisar tratados internacionales, intervenir leyes orgánicas, promover una reforma constitucional o una asamblea constituyente y retirar a las cúpulas del Tribunal Supremo de Justicia y los poderes públicos. También estaría en agenda promulgar una ley de amnistía que permita la liberación de los llamados presos políticos y aprobar una ley que reactive la producción nacional.
La oposición asegura que buscan “devolverle la democracia al país», pues considera que las instituciones del Estado se han politizado y perdido su autonomía.
