Inconsistencias administrativas y económicas se habrían producido en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). Así lo señala una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado, durante el período 2006 y 2007.
Los informes, que son públicos en la página web del organismo de control, señalan que el Issfa incumplió con 2 recomendaciones de la Contraloría emitidas en una auditoría anterior. La entidad detectó entre enero de 2006 a diciembre de 2007 la no implementación de vales de caja chica, inobservancia de funcionarios de la entidad a normas de control interno, falta de información, pagos sobreestimados, entre otros problemas.
Según el informe N° DA3-02-2009 de la Contraloría, el estudio se efectuó al balance general consolidado del Issfa, por el período antes citado. Allí consta la información financiera del instituto de seguridad social. Entre las conclusiones, se destaca que el Issfa pagó por concepto de ‘bonificación de responsabilidad’ a los militares en servicio activo que en ese tiempo cumplían las funciones de director general, subdirector general y directores del Instituto por un monto de $ 52.968,56, sin sustento legal.
Estos pagos originaron que los gastos por remuneraciones se encuentren sobreestimados al 31 de diciembre de 2007, por el mismo valor. La entidad en ese entonces no contaba con estos recursos disponibles para el desarrollo de otras actividades. También se reveló que las reposiciones de caja chica se realizaron sin contar con los vales respectivos. Además, la reposición del fondo se efectuó al consumirse entre el 20% y 30%, y no entre el 60% y 80% como lo determina el Instructivo para la Administración de los Fondos Rotativos y de Caja Chica del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Según el informe de auditoría, eso ocurrió debido a que el entonces director económico financiero no diseñó ni implementó la utilización de los vales de caja chica prenumerados. Tampoco exigió que las liquidaciones de fondos se realicen cuando se haya utilizado entre el 60% y el 80%. De acuerdo con el reporte, esta situación originó que las personas responsables de la custodia y el manejo de los fondos no cumplieran con lo establecido en las disposiciones emitidas para el efecto. Las reposiciones de los fondos no estuvieron respaldadas con la documentación de soporte suficiente.
