«No he pedido, ni pediré información privada, ni mucho menos para hacerla pública», dijo Garzón.
La legisladora por la Revolución Ciudadana aclaró que el pasado 19 de junio, hizo una consulta a la Secretaría de la Asamblea para conocer el estado del juicio político contra la fiscal Diana Salazar, a lo que este departamento le contestó, 11 días después, que el trámite continúa suspendido.
El 7 de julio, Garzón emitió un nuevo oficio al CAL en el que pedía activar el proceso cuando haya culminado el riesgo en el embarazo de Salazar.
Sin embargo, en respuesta a esto, recibió una llamada de un asesor del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, en la que este le solicitó participar dentro de dicha sesión del Consejo de Administración Legislativa.
Previo a la instalación de la sesión, los integrantes juraron mantener la confidencialidad de la información que se tratará a la interna, y, posteriormente, la reunión fue declarada en reserva.
«No he filtrado ni media palabra», dijo.
Según Garzón, su gestión en torno al juicio político es para evitar que se siente un precedente en el que, debido a distintas causales, un funcionario público evada el proceso de fiscalización.
Esto, debido a que las autoridades pueden someterse a un juicio político hasta un año después de cesar sus funciones, sin embargo, en el caso de Salazar, su embarazo considera un año y medio de periodo de gestación, y su proceso estaría fuera del plazo.
La asambleísta por el correísmo cuestionó que la Fiscalía la señale únicamente a ella, por ser la proponente del juicio político ya calificado. Sobre este tema, aseguró dudar «del cuerpo colegiado», por la supuesta filtración de información del embarazo de Salazar,
Por otro lado, consideró que la postura de las bancadas que adelantaron no votar a favor de la censura de Salazar tienen tintes pre electorales. Además, cuestionó que exista una decisión previo a conocer las pruebas de cargo y descargo del juicio político contra la titular de la Fiscalía.
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