Este proceso hace parte de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, «quienes decidieron dejar las armas y reincorporarse a la vida civil, teniendo especial cuidado con llevarlos a cabo, mediante procedimientos y protocolos que garanticen la seguridad de la comunidad y el cumplimiento de las normas vigentes», afirma el comunicado.
La UNP aclaró que los exguerrilleros que participan en este proceso cumplieron con la dejación de armas y no portan ningún tipo de armamento.
Según un comunicado de la UNP el proceso de selección se realiza en el municipio de Facatativá e iniciará el próximo 13 de junio.
Por su parte, la Alcaldía de Facatativá había anunciado en un comunicado de este domingo, previo al de la UNP, que las autoridades locales no sabían de la llegada de estos excombatientes ni del proceso que iban a hacer en este lugar.
De acuerdo con esa información, la Alcaldía le solicitó al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y al Ejército mayor información sobre las actividades, duración y condiciones de las actividades.
La UNP, adscrita al Ministerio del Interior, publicó el comunicado horas después de la comunicación de Facatativá, aclarando que «la Policía Nacional, a través de la UNIPEP, ha garantizado el proceso de traslado e ingreso del personal a las instalaciones de la academia y actualmente ha dispuesto un servicio de seguridad y protección perimetral y de ingreso a las instalaciones que se mantendrá durante todo el proceso de selección».
El proceso ha causado polémica en Colombia, pues muchos critican que se vuelva a armar –legalmente– a excombatientes que acaban de dejar las armas. Los cuerpos de escoltas de la UNP serán mixtos, es decir, tanto exguerrilleros, como militares.
El gobierno de Colombia firmó el pasado 23 de febrero seis decretos que permitirán, entre otras cosas, crear un cuerpo de 1.200 escoltas para proteger a los miembros de la guerrilla de las FARC, tras su desarme y reincorporación a la vida civil.
Ese decreto fue firmado por los ministros del Interior, de Hacienda y Crédito Público y de Defensa de Colombia y ordena la creación de un “Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección, en virtud del cual la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y demás entidades (…) incluirán como población objeto de protección a los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal, sus actividades y sedes, a los antiguos integrantes de las FARC que se reincorporen a la vida civil, así como a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo”.
Además, establece que los menores de edad que salgan de los campamentos de las FARC también deben ser objeto de protección por parte de las entidades del gobierno.
Las medidas hacen parte del cumplimiento de lo pactado en el acuerdo final de paz, firmado el 24 de noviembre del 2016 entre ambas partes y que tiene todo un capítulo dedicado a las garantías de seguridad para los miembros de la guerrilla que dejen las armas.
Fuente: CNN
