Al menos 16 operadores de justicia han sido destituidos tras los casos Purga y Plaga, señaló Goyes, y agregó que existen más casos en proceso para aplicar la misma causal.
Explicó que, en dichas investigaciones, se iniciaron procesos por faltas disciplinarias, en las que se determina que, en caso de que un juez o fiscal pierda su imparcialidad por vínculos con procesados, esto podría derivar en su destitución.
Por ello, destacó la importancia de endurecer el control disciplinario para depurar los malos funcionarios dentro del sistema judicial.
Por otro lado, denunció que 36 operadores de justicia (31 jueces y 5 fiscales) se mantienen en funciones, a pesar de contar con declaratorias jurisdiccionales en su contra por error inexcusable y negligencia.
Goyes insistió en que esto evidencia una serie de falencias en el mecanismo de control de funcionarios que, en su momento, las causas fueron archivadas o se determinó la inocencia de los implicados.
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