La Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) es un instrumento jurídico para la preservación de la institucionalidad democrática del que se dotaron los estados miembros por unanimidad hace 15 años, y se la activa por pedido del secretario general de la OEA o de cualquier Estado miembro que pida la convocatoria del Consejo Permanente cuando en un país “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”. Así se abre un proceso en el que serán los 34 estados los que decidan si se produjo en verdad esa alteración.
Asimismo, este documento establece los elementos esenciales de la democracia representativa, como el respeto a los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes públicos y la libertad de expresión. Desde que se firmó en 2001, la Carta Democrática en el Consejo Permanente de la OEA ha sido invocada en 10 ocasiones.
Pero, la iniciativa siempre fue propuesta por los propios países miembros afectados y nunca de parte del secretario general del organismo, que en esta ocasión, en manos de Luis Almagro se hace mención de varias situaciones que, a su parecer, comprometen la democracia venezolana.
Entre ellas, Almagro destaca que en el país Bolivariano hay “crisis humanitaria generada por la escasez de alimentos y medicinas, el bloqueo de los poderes del Estado y la situación de derechos humanos contra los presos políticos”.
De su lado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirma que la propuesta de Almagro fue impulsada por la oposición, que aseguró, “ha llamado a una intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela”.
Aunque no forma parte de la agenda oficial de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que inició este martes en República Dominicana, el debate sobre la aplicación de la Carta Democrática del ente regional a Venezuela será el tema clave a discutir.
El viernes pasado, el Consejo Permanente de la OEA anunció que realizará el 23 de junio una sesión extraordinaria para discutir la situación política e institucional en Venezuela, y para esa fecha, la reunión especial convocará en Washington a los embajadores de los 34 países para discutir un informe del secretario general Luis Almagro.
En este sentido, el Consejo decidirá si existe alteración por mayoría (18 votos). Luego, dos tercios de los cancilleres (23) pueden suspender la pertenencia del Estado si estiman que se rompió el orden democrático.
La primera vez que se aplicó la Carta fue en 2002, durante la salida momentánea del Gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez. En aquel entonces, la Asamblea General de la OEA publicó una resolución que condenaba la salida del Mandatario y pedía una solución democrática del conflicto.
En 2009 también se utilizó para condenar el golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya en Honduras, y la convocatoria acabó en la suspensión del país del organismo.
Otros países en los que se ha invocado el documento han sido Bolivia en 2003, 2005 y 2008, le sigue Ecuador con dos en 2005 y 2010, luego Nicaragua en 2004 y 2005 y finalmente Perú en 2004.
Desde Ecuador, también se ha hecho observaciones a esta posible decisión. El canciller Guillaume Long señaló que a la Asamblea General de la OEA llevará una postura progresista, soberana, de defensa de la democracia nacional, regional y global.
Sobre la situación vivida hace pocos días entre el Gobierno venezolano y el Secretario General de la OEA el titular de esta cartera de estado espera que se mantenga la postura expresada por consenso en la última reunión del Consejo Permanente de la OEA.
