Durante la audiencia desarrollada el jueves 26 de enero, el juez Willian Sangolquí dispuso para los 46 procesados la prohibición de salida del país y la presentación periódica una vez al mes, ante la Unidad Judicial Penal de Cuenca.
El fiscal del caso, Adrián Arpi, expuso que la Policía solicitó autorización para realizar un operativo y buscar objetos prohibidos dentro de las celdas. Es así que a las 9:30, del 31 de mayo, los procesados, entre ellos cuatro oficiales de Policía (un mayor y tres subtenientes) habrían participado en esta diligencia, realizada en el pabellón de mediana seguridad J.C.
“Sin que exista motivo alguno, a la fuerza y con golpes, las personas privadas de la libertad fueron sacadas de sus celdas; luego les pusieron boca abajo, les insultaron y fueron golpeados con los elementos de dotación, entre estos los toletes”, dijo el fiscal Arpi.
Mientras estaban acostados boca abajo, en fila, los policías habrían caminado sobre las personas privadas de libertad y les pisaron la cabeza. Luego habrían sido obligados a desnudarse, ponerse en cuclillas y realizar sapitos.
El fiscal Arpi también mencionó que los policías habrían observado las partes íntimas de las personas privadas de la libertad, refiriéndose a que allí esconden los objetos prohibidos. Arpi indicó que, según la versión de los agredidos, les echaron gas lacrimógeno y les aplicaron corriente.
Un informe pericial de audio y video fue presentado por la Fiscalía como elemento de convicción. Mediante esta pericia se realizó la extracción de las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar de los hechos. En los videos se evidenciaría la agresión física y psicológica a las víctimas.
Además, la Fiscalía presentó los reconocimientos médicos legales, realizados por peritos de la Fiscalía, con los que se determinó que las víctimas sufrieron lesiones que les causó de uno a cinco días de incapacidad.
También fueron expuestas las versiones de las víctimas y del director del Centro de Rehabilitación Social, así como el listado entregado por la Policía en el que se detalla los nombres de los agentes que participaron en el operativo.
Dato:
Este caso es investigado por el delito de tortura tipificado y sancionado en el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con pena privativa de libertad de hasta 13 años.
