El gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pusieron fin el pasado jueves a más de 50 años de conflicto, después de sellar un acuerdo del cese bilateral y definitivo del fuego, de desmovilización y dejación de armas de los rebeldes.
En una ceremonia celebrada en La Habana, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el comandante de las FARC, Rodrigo Londoño alias ‘Timochenko’, escucharon la lectura del acuerdo que detalla cómo unos 7 000 rebeldes dejarán las armas y se desmovilizarán una vez el acuerdo final de paz se suscriba.
Rodolfo Benítez, representante del gobierno de Cuba, fue el encargado de leer el acuerdo alcanzado por las partes. Lo hizo ante los ojos del secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, de cinco presidentes y una delegación del Gobierno, Congreso, gremios y decenas de periodistas que fueron testigos del trascendental momento que pone fin a un conflicto armado que dejó unos 220 000 muertos, miles de desaparecidos, y millones de víctimas y desplazados.
“Hoy se abre un nuevo capítulo, que nos devuelve la esperanza y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia”, dijo Santos al final de la lectura del acuerdo. “Nos llegó la hora de ser un país con esperanza. El fin de las hostilidades queda asegurado. No habrá más víctimas de esta guerra entre los hijos de una misma nación”, continuó.
De su lado, Timoleón Jiménez alias «Timochenko», líder de la guerrilla desde 2011, valoró como histórico y trascendental el acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo firmado con el Gobierno de Juan Manuel Santos. «Que este sea el último día de la guerra», dijo.
El cese del fuego bilateral, la desmovilización y abandono de las armas comenzarán con la firma del acuerdo final de paz y los dos últimos puntos tendrán un plazo y desarrollo de 180 días.
Las armas se entregarán a observadores no armados de la ONU y el proceso será verificado por una instancia de monitoreo encargada de resolver conflictos, presentar recomendaciones y reportes, integrada “principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”, delegados de las FARC y el gobierno colombiano.
Según el acuerdo, las FARC contribuirán y suministrarán información para la “limpieza y descontaminación” de los territorios del país que tienen sembrados de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados, y municiones sin explotar.
También se anunció la creación de 23 zonas en veredas rurales colombianas y ocho campamentos para la desmovilización y concentración de los guerrilleros. En cada zona habrá un lugar de almacenamiento de las armas, que contarán con vigilancia policial.
