Un grupo de damnificados se reunió hoy con el embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano, y con la representante de la Defensoría del Pueblo de su país, Míriam Ramírez, para exponer su caso y plantear posibles soluciones a través de la creación de plataformas y la apertura de un posible procedimiento judicial.
La empresa de paquetería OGC, ubicada en España, cerró sus oficinas este lunes sin previo aviso, y miles de cajas enviadas a Ecuador se han quedado sin llegar a su destino.
La compañía, cuya sede central está en Madrid, cuenta con delegaciones en Barcelona y Hospitalet de Llobregat (noreste), Palma de Mallorca (mediterráneo) y Murcia (este), además de tener afectados también en Londres, Francia, Italia, Alemania y Bruselas.
Solo en Madrid hay más de 1.000 familias afectadas, según informó hoy uno de los portavoces de la plataforma de la capital, Darwin Castro, que asistió hoy a la reunión con las autoridades ecuatorianas.
Según Calahorrano, lo primero es conocer el número total de damnificados y que sean «ellos mismos» los que creen sus «instrumentos de lucha».
Los trabajadores de esta empresa, informó Castro, interpusieron una denuncia en la policía y, por ahora, han conseguido que se precinte una de las naves propiedad de la empresa en la capital, donde podrían estar parte de los envíos de enero y febrero.
Los responsables de la empresa no cogen el teléfono y se encuentran en paradero desconocido, aunque «hasta el sábado y el domingo» estuvieron recogiendo mercancías, según Castro.
La representante de la Defensoría Pública de Ecuador, Míriam Ramírez, dijo que tanto la embajada como el organismo que representa acompañarán a los afectados en los procesos judiciales -en España y en Ecuador- y advirtió a los usuarios de este tipo de servicios que antes de enviar paquetes o dinero investiguen el origen de estas empresas.
Algunos de los afectados manifestaron hoy que los clientes que utilizaban los servicios de OGC, debían firmar que el contenido de los mismos era menaje del hogar.
Esto se debe a que estos objetos están exentos de impuestos en Ecuador, según Ramírez, quien dijo que, este hecho podría «acarrear una responsabilidad penal» a la empresa en Ecuador, si se comprueba que se procedía de este modo con todos los paquetes.
Calahorrano dijo que la embajada desconocía la situación de esta empresa, aunque sí habían teniendo conocimiento de que «ciertos paquetes» no llegaban o se retrasaban.
Este no es el primer caso que sufren los ecuatorianos en España, ya que anteriormente otra empresa de envíos, Vicza Express, dejó en la estacada a multitud de usuarios.
