En una entrevista concedida a EL TELÉGRAFO, Diego Martínez, gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE), señaló que la reconstrucción en Manabí podría costar unos $ 1.450 millones por lo menos. Este sucedería así si existe apenas una pérdida del 25% en su capacidad productiva. Utilizando la información disponible en el BCE sobre el Valor Agregado Bruto (VAB) generado en 2014, así como recurriendo a los datos sobre la localización de empresas y su número de trabajadores, se puede esbozar un perfil económico más detallado de las zonas afectadas. Manabí y Esmeraldas están entre las 10 provincias más productivas En 2014, el VAB del país llegó a $ 96.431 millones a precios corrientes.
De este monto, el 5,8% ($ 5.614 millones) fue generado en Manabí y el 2,3% ($ 2.227 millones) en Esmeraldas. Estas capacidades para generar valor guardan relación con el tipo de actividades económicas predominantes en cada provincia y esto, a su vez, incide en la distribución de los hogares según zonas urbanas o rurales (infografía). Según las proyecciones de población basadas en el Censo de Población y Vivienda de 2010, actualmente habría 1’384.080 personas residiendo en los cantones de Manabí y Esmeraldas directamente más afectados por el terremoto. En esas localidades, donde hay unas 362.606 viviendas particulares, la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) adquiere sus máximos niveles en Muisne (98,3%), Flavio Alfaro (94,4%) y Pedernales (93,7%). La heterogeneidad productiva se expresa en el número de empleos Para hacer aquel perfil, se consideraron 17 de los 22 cantones de Manabí: Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Jaramijó, Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Pedernales, Portoviejo, Puerto López, Rocafuerte, San Vicente, Sucre y Tosagua.
Sumando estos cantones a Muisne, se observa que las zonas afectadas generaron un VAB de $ 5.496 millones en 2014. Sin embargo, dado que un emprendimiento económico puede generar mucho valor agregado pero ocupando a pocos trabajadores, los cantones no necesariamente ocupan las mismas posiciones en los ranking individuales sobre la generación de valor agregado, el número de empresas y el número de trabajadores existentes. En esos 17 cantones manabitas, el VAB llegó a $ 5.423 millones en 2014. Del valor total, el 16,7% provino de actividades de manufactura, el 16,3% de la construcción, el 14,2% del comercio, el 12,4% de la agricultura, ganadería y pesca; el 8,6% de transporte, información y comunicaciones; el 7,6% de la enseñanza; el 7,3% de la administración pública y el 7,2% de actividades profesionales e inmobiliarias y el 9,8% de otras actividades.
Por otra parte, de un total de 29.455 empresas, el 30,3% funciona en Portoviejo; el 28,7% en Manta; el 9,5% en Chone; el 5,6% en El Carmen; el 5,1% en Jipijapa; el 4,1% en Sucre; el 4% en Montecristi; el 2,8% en Pedernales; el 11,9% en Bolívar; el 1,5% en Tosagua; el 1,3% en San Vicente; el 1,3% en Rocafuerte; y el 3,8% restante en Puerto López, Junín, Flavio Alfaro, Jaramijó y Jama. Estas empresas emplearon a 160.751 trabajadores en 2014. Con respecto a este total, los cantones con mayor cantidad de puestos de trabajo fueron Portoviejo (15,9%), San Vicente (13,1%), Montecristi (12,7%), Sucre (10,6%), Chone (8,3%), El Carmen (5,3%), Pedernales (4,8%), Manta (4,4%), Tosagua (4,3%), Jaramijó (3,8%), Puerto López (3,2%), Jipijapa (3,2%), Bolívar (3%), Junín (2,8%) y Rocafuerte, Jama y Flavio Alfaro (3,9%).
El empleo público influye en la economía de Muisne En Muisne, el 61% de la actividad gira alrededor de la agricultura, ganadería y pesca. La enseñanza aporta el 15,3% del VAB; la administración pública el 5,3%; la construcción el 4,3%; los servicios de alojamiento y comidas el 3,9% y el comercio el 3,8%. Según el directorio de empresas de 2014, se registraron 249 operadores económicos.
La agricultura abarcó 128 empresas, el comercio 45 empresas, los servicios de alojamiento y comidas 14 empresas y la construcción 10 empresas. Por otra parte, de un total de 1.319 empleados registrados en Muisne a finales de 2014, el 31% trabajaba en la administración pública, el 22% en agricultura, ganadería y pesca, el 19% en enseñanza, el 12% en salud y asistencia social, el 5% en comercio, el 4% en servicios de alojamiento y comidas, el 3% en construcción y el 4% en otras actividades.
