A pesar de que a partir de agosto de 2014 se incorporó al Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciones más severas al lavado de activos, la indagación de este tipo de casos es muy complicada, lo cual ha incidido que de 297 casos que investigó la Fiscalía de Ecuador en 26 se logró una sentencia. A pesar de eso, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, destacó que hay un avance en esta área, pues se creó la Unidad Antilavado de Activos con 5 fiscalías especializadas en Guayas y Pichincha, y se capacitó a 35 fiscales en temas financieros.
El funcionario indicó que esta preparación permitió la detección de capitales que provenían de actividades ilícitas y que pretendían fusionarse al sistema financiero nacional. Por ejemplo, en el caso ‘Coopera’ la Fiscalía comprobó que, entre octubre de 2012 y mayo de 2013, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional Sucre), se efectuaron 84 transacciones inusuales e injustificadas por $ 35’372.937, a las cuentas de estas empresas.
Las 12 empresas ficticias recibían el dinero desde Venezuela, supuestamente, por el pago de exportaciones de maquinaria y químicos. En este proceso de lavado de activos Clemente A. (exgerente) y Raúl C. (exoficial de cumplimiento) fueron sentenciados a 4 años de prisión y otros 3 sindicados son venezolanos, quienes deberán ser juzgados en su país, debido a que no es posible su extradición.
En el caso Centurión-Mantilla, la Fiscalía demostró que hubo transacciones injustificadas desde cuentas de bancos nacionales a entidades financieras durante 6 años; por eso los jueces sentenciaron a 4 implicados a 6 años de prisión. Chiriboga explicó que es necesario mejorar la tipificación de este delito en el COIP, fomentar protocolos de actuación más avanzados y propender a incentivar la cooperación penal internacional.
Los capitales sospechosos generalmente salen a otros países por lo que es necesario, durante las indagaciones, requerir información de entidades extranjeras, “lo cual en la mayoría de los casos se demora demasiado, en ocasiones han tardado hasta 6 meses y en otros ni siquiera contestan, por lo que promover la cooperación internacional en casos de lavado de activos es fundamental”, señaló el fiscal de Pichincha, Gustavo Benítez.
El funcionario manifestó que la ley debería considerar la tendencia mundial en el juzgamiento de este delito, “en algunas naciones funciona la reversión de la carga de la prueba, lo que implica que la persona es la que debe demostrar que los recursos financieros que maneja o los bienes activos y pasivos que posee son lícitos, en nuestro país es al revés el fiscal es quien debe descubrir el origen de esos recursos, lo cual se dificulta más cuando salen del país”.
Al respecto la Asamblea discutirá hoy la aprobación del proyecto de ley sobre lavado de activos que se elaboró en la Comisión de Régimen Económico, cuyo objetivo es crear una nueva institución que garantice la efectiva aplicación de políticas orientadas a la prevención, control y erradicación del lavado de activos. A través del proyecto se amplía el número de obligados a proporcionar información sujeta a revisión de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que estará adscrita a la Presidencia de la República.
También se aclaran las atribuciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en su papel de rectoría en materia de prevención del lavado de activos. Además propone que la UAFE esté obligada a remitir cada año a la Asamblea Nacional un informe con el número de reportes de operaciones inusuales y el porcentaje que se judicializaron.
