Negó que exista evidencia de que se haya irrespetado los tiempos procesales (como señalan los familiares de las turistas) o que haya lentitud debido a que el sistema ecuatoriano reaccionó con rapidez, pero también dentro del marco del debido proceso en caso. “Los casos no se cierran a nivel de investigación policial, sino con una sentencia judicial y eso está en marcha”.
Recordó que la justicia ecuatoriana es sólida y que cumple los debidos procesos. Destacó, además, la eficiencia en justicia del país la misma que se refleja en que el 90% de los casos de homicidios en el Ecuador tienen sentencia y que el 75% de las personas privadas de libertad cuentan con sentencia. Añadió que en materia penal en el Ecuador hay estándares óptimos de desempeño de la justicia, y en relación al caso del asesinato de las turistas asesinadas pero hay una investigación abierta.
En otro tema dijo que el Consejo de la Judicatura nombró a 733 defensores públicos, quienes serán posesionados en abril. Esto, aclaró, con el objetivo de seguir en la celeridad procesal. “Ecuador tiene como referente el menor índice de audiencias fallidas, en materia penal menos de dos por ciento en audiencias fallidas y esto nos ubica dentro de un sistema judicial sano que respeta l debido proceso…”.
En relación a la vigencia del Código Orgánico General de Procesos (Cogep) dijo que hay optimismo con la entrada en aplicación del sistema oral en materias no penales. Destacó los beneficios de la oralidad (agilidad, transparencia, rapidez) para superar el sistema escrito que es lento, lleno de trámites… Anunció que desde el próximo mes de mayo se tendrá los beneficios de la oralidad trasladadas a materias: civil, inquilinato, laboral, etc.
En relación a las reformas al Código Integral Penal (COIP) destacó que el Consejo tiene dos propuestas para hacerlas llegar a la Asamblea. Entre ellas el tema sobre el tiempo para la prescripción de las contravenciones que en actualmente es de un año y lo que se propone es de tres meses. Eso, explicó, se justifica porque actualmente la pena por una contravención es de tres meses y mantenerla abierta por más tiempo infla las estadísticas de carga procesal.
