Por ejemplo, despegaron sin autorización de la Secretaría General de la Presidencia, trasladaron a personas que no eran funcionarios y a comitivas de otros países, aterrizaron en 24 ocasiones en paraísos fiscales, transportaron equipaje sin los chequeos de rigor. Incluso, en junio del 2012, el Legacy 600 fue y volvió de Río de Janeiro sin ningún pasajero.
Esas son algunas de las anomalías detectadas por la Contraloría que este viernes por la mañana –en audiencia pública– dio lectura al informe borrador del examen especial al uso de los aviones presidenciales entre el 1 de enero del 2012 y el 24 de mayo del 2017.
El costo de esos 91 vuelos fue de $ 13’590,947,65. Una vez que salga el informe definitivo –en el que se incluirían los descargos– ese monto podría cambiar, explicaron los auditores.
La audiencia empezó pasadas las 10:00 y concluyó al mediodía. Fueron convocadas alrededor de 40 personas; la mayoría asistió con uniforme de la Aviación Civil y unos pocos eran de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y delegados de exfuncionarios del Ejecutivo.
Entre las conclusiones, los auditores señalaron que el expresidente Rafael Correa no habría emitido la normativa respectiva para salvaguardar el interés de los fondos públicos usados en los viajes.
El examen especial analizó un total de 261 vuelos internacionales y 2.372 nacionales. Estos fueron realizados por el Legacy 600 y el Falcon 7X (214 vuelos) y las naves de Tame (24), de Petroecuador (12) y de la Fuerza Aérea (11).
Sobre los trayectos en aviones de la FAE los auditores no hicieron comentarios
“Las aeronaves fueron utilizadas, en su mayoría, por otros funcionarios, desvirtuándose su naturaleza (trasladar al primer y segundo mandatarios)”, dijeron los auditores.
En efecto, en el periodo de análisis, el 29,4% de los vuelos los hizo el presidente y el 16,8%, el vicepresidente. Un poco más de la mitad de veces estuvieron al servicio del canciller (33,6%), los ministros (12,6%) y otras autoridades (7,5%).
El informe preliminar reveló que gran parte de los vuelos despegaron sin la autorización respectiva, que incluso hubo casos en que una funcionaria del despacho presidencial –de quien se omitió el nombre– tuvo la potestad de ordenar, sin documentos, que se saque o incluya a pasajeros en la pista del aeropuerto.
Los involucrados tienen cinco días para presentar sus descargos.
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
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