Juan Cárdenas, Esteban Melo y Franklin Samaniego, cuestionaron los argumentos con los que el Ejecutivo planteó la derogatoria, que fue aprobada en el referendo y consulta del 4 de febrero del 2018. Hablaron de que es una iniciativa inconstitucional.
Samaniego señaló que el sector inmobiliario tuvo utilidades por USD 903 millones en el 2016, por lo que descartó que pase por una crisis y, por ende, que ese sea un motivo para pedir la eliminación de la Ley. La normativa fue aprobada en diciembre de ese año por la mayoría legislativa de Alianza País.
Los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), Creo, SUMA, Independientes y de Alianza País estuvieron a favor de eliminar la Ley, argumentando los problemas que pasan los sectores relacionados a la construcción y también por el cumplimiento del mandato de los ecuatorianos. Desde la oposición se solicitó respetar el mandato popular en las urnas, al aprobar la iniciativa para la derogatoria de la Ley.
El legislador del PSC, Luis Fernando Torres, indicó que con la derogatoria no desaparecerá el pago del impuesto a la plusvalía, que está garantizado en el Código Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad). Las recomendaciones a este informe regresarán a la Comisión ocasional que implementa la consulta popular para que puedan ser incluidas, antes de un segundo debate de la Ley que podría darse la próxima semana.
Fuente: El Comercio
