Esto como resultado de la aprobación de la consulta popular sobre paraísos fiscales en febrero de 2017. Ahí, los ecuatorianos decidieron en las urnas que ningún funcionario público debería tener vínculos con lugares calificados como ‘off shores’. Tampoco quienes quieran ser candidatos de elección popular.
Jorge Machado, notario primero de Quito, dijo que este martes se registró una concurrencia inusual de personas para realizar el trámite en su oficina. En su agencia, existen nueve matriceros para atención al público . “Hemos tenido que multiplicarnos para poder prestar el servicio”, contó.
Los funcionarios públicos deben presentar copia a color de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación; y pagar 24 USD. Según Machado, en realizar una declaración juramentada, normalmente, se demoran 15 minutos. En función a este tiempo, durante el día, esperan hacer a aproximadamente 400 declaraciones.
Sin embargo, debido a la gran cantidad de gente, ese tiempo no se cumple. César Sandoval, funcionario público, dijo que aproximadamente le tomó tres horas concluir el papeleo. Juan Carlos Morales, de la Notaría Décimo Quinta, explicó que una declaración juramentada es notarizar la “voluntad propia del declarante que, en definitiva, tiene que ser la verdad”.
Explicó que, en el caso de esta declaración, no existe un formato establecido, pero “hay ciertas instituciones que exigen algún texto específico”. Tras las votaciones del año pasado, se aprobó la Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017. Esta señala que quienes no presenten la declaración juramentada podrán ser sujetos a destitución, según el artículo 8.
La consulta popular tuvo la aprobación del 54% de ecuatorianos que estuvieron de acuerdo en que, para ser funcionarios públicos o electos popularmente, debía establecerse como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales.
Fuente: El Comercio
