El contralor General del Estado Subrogante, Pablo Celi, pidió a la Fiscalía que se incluya al exmandatario en las indagaciones porque, según dijo, él conocía los pormenores del asunto, pese a que el exjefe de Estado lo ha negado, informa el portal Ecuadorinmediato.com.
Según una auditoría de la Contraloría, en la adjudicación del campo Singue al consorcio DCG se cometieron varias irregularidades que fueron descritas en el informe con indicios de responsabilidad penal DASE-0044-2017, de agosto del 2017.
Allí se señala que la tarifa de $ 33,5 por barril (a favor del consorcio) fue establecida sin sustento técnico ni legal.
La Contraloría asegura que Rafael Correa conoció sobre el tema, sin embargo, en oficios remitidos desde el despacho Presidencial, en 2011, se constata que el caso no fue conocido por el expresidente, pues delegó solucionar el tema al entonces ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, y el expresidente de la empresa de Hidrocarburos, Marco Calvopiña.
