Este martes por la tarde, se presentó una demanda federal contra el estado y sus altos funcionarios para detener un grupo de proyectos de ley denominado «estado santuario», una medida que ofende a la administración, pero que sin embargo generará acalorados litigios por los límites de la autoridad de inmigración.
La demanda es la última andanada de la administración Trump en contra de las llamadas «ciudades santuario», un término amplio que se refiere a localidades que se rigen por la falta de cooperación con la policía federal, y en medio de un nivel de tensión ya mayor en California.
Los funcionarios de la administración Trump han atacado repetidamente las jurisdicciones de los santuarios y a los funcionarios locales diciendo que albergan criminales peligrosos.
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Se espera que el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, anuncie el caso este miércoles en la capital de California, Sacramento, durante un evento con una asociación estatal encargada de hacer cumplir la ley.
«El Departamento de Justicia y la administración Trump van a luchar contra estas políticas injustas e inconstitucionales que se les han impuesto», Sessions le dirá a los agentes de la ley en la reunión de la Asociación de Agentes de Paz de California este miércoles, según una copia de sus comentarios preparados. «Estamos luchando para hacer que sus trabajos sean más seguros y para ayudarlos a reducir el crimen en Estados Unidos. Y creo que vamos a ganar».
El gobernador de California, Edmund G. Brown, y el procurador general Xavier Becerra, ambos incluidos en la demanda, lo condenaron con dureza por carecer de mérito.
«En un momento de agitación política sin precedentes, Jeff Sessions ha venido a California para dividir aún más y polarizar a Estados Unidos», dijo Brown en un comunicado.
«Jeff, estas acrobacias políticas pueden ser la norma en Washington, pero no funcionan aquí. TRISTE!», añadió.
«No importa lo que suceda en Washington, #California mantendrá el rumbo y hará cumplir todas nuestras leyes y protegerá a toda nuestra gente», tuiteó Becerra.
Las leyes de California en cuestión limitan la cooperación policial estatal y local con las autoridades federales de inmigración en una variedad de formas. Una de ellas, prohíbe a los empleadores privados cooperar voluntariamente con las autoridades federales y exige que los empleadores notifiquen a los trabajadores sobre posibles inspecciones en el lugar de trabajo, entre otras.
«Las disposiciones de la ley estatal en cuestión tienen el propósito y el efecto de hacer que sea más difícil para los funcionarios federales de inmigración llevar a cabo sus responsabilidades en California», argumentan los abogados del Departamento de Justicia en la demanda, llamando a las leyes un «obstáculo para la aplicación de las leyes de inmigración y una discriminación contra la aplicación de las leyes federales de inmigración de Estados Unidos».
California aprobó las leyes el año pasado en lo que los funcionarios aclamaron como una reprimenda a la agresiva agenda de inmigración del presidente Donald Trump.
Fuente: CNN en Español
