«Las conclusiones de la ONU confirman lo que activistas y organizaciones de derechos humanos llevan años exponiendo y denunciando: el uso generalizado de la tortura por parte de las autoridades mexicanas», declaró la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas.
Para AI, este estudio prueba una vez más que en México hay «manipulación de pruebas para encubrir terribles violaciones de derechos humanos y garantizar la impunidad de sus autores».La investigación de Naciones Unidas, basada en análisis forenses y entrevistas con personas implicadas -detenidos, testigos y autoridades-, concluye que hay evidencias de que 34 personas fueron torturadas en la investigación de las desaparición de 43 jóvenes en el municipio de Iguala en septiembre de 2014.
«La investigación deficiente sobre uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de México ilustra la manera en que las autoridades abusan del sistema judicial y cómo se niegan a hacer frente a las violaciones de derechos humanos», consideró Guevara-Rosas.
El informe, continuó AI, también alerta de la posible ejecución extrajudicial de un sospechoso, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, muerto presuntamente por torturas a manos de la Marina. «AI insta a México a implementar de manera oportuna y efectiva las 15 recomendaciones formuladas en el informe de la ONU, especialmente las relativas a establecer un sistema auténticamente independiente e imparcial de investigación pena
l, y a erradicar las violaciones de derechos humanos cometidas por los investigadores gubernamentales», concluyó la organización. Tras las presentación del informe de la ONU este jueves, el Gobierno de México emitió un comunicado en el que consideró que el documento no «sustenta» los casos de tortura que denuncia, y que abunda sobre temas ya tratados.
Asimismo, el Ejecutivo denunció que el reporte obvia algunas partes de los expedientes oficiales, si bien reconoció que los casos de tortura existentes en torno a este caso ya han sido reconocidos e investigados oficialmente.
Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.
Pero padres de las víctimas y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abran nuevas líneas de investigación, y expertos demostraron científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en dicho vertedero.
Fuente: El Telégrafo
