Ramiro Rivadeneira, como Defensor del Pueblo, presentó una acción judicial contra el Ministerio de Electricidad y contra Icesa S.A., por la venta, en la modalidad puerta a puerta, de las cocinas de inducción en noviembre de 2017.
Según la Defensoría del Pueblo, 2.407 personas afectadas presentaron denuncias por haber recibido una cocina de inducción «bajo engaños», sin información veraz e incluso con el argumento de que serían favorecidos con políticas sociales del Gobierno.
