El cometido de esa comparecencia es comprobar la identidad del detenido, entre otras formalidades, según un comunicado de la Fiscalía general de ese “Land”, a la que corresponderá estudiar y decidir sobre la euroorden emitida por la Justicia española. Puigdemont fue detenido esta mañana en una estación de servicio de la autopista A7, tras lo cual fue trasladado a la comisaría de Jagel, a unos 40 kilómetros de la capital regional, Kiel, y luego a la cárcel de Neumünster.
Según el comunicado emitido por esa la Fiscalía regional, tras esa primera comparecencia de mañana se decidirá sobre si le mantiene detenido, en cuyo caso ingresará en una prisión a la espera de que se decida sobre la petición de extradición.
Fuentes jurídicas en Madrid dijeron a Efe que “la decisión sobre si ha de entrar en prisión, a la espera de su extradición, es competencia del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein”, en alusión a la posibilidad de que le apliquen o no medidas cautelares mientras se resuelve la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). Esas fuentes precisaron que “la eventual entrega a las autoridades españolas es competencia exclusiva de la Fiscalía General de Schleswig”.
El plazo máximo para decidir y eventualmente ejecutar su entrega a España es de 60 días a partir del día de la detención, independientemente de los recursos que puedan presentarse contra ésta, precisaron a Efe fuentes del ministerio de Justicia.
De acuerdo con el sistema federal alemán, las competencias en esa materia corresponden a la Justicia del estado federado y no a la Fiscalía federal, con sede en Karlsruhe (suroeste del país). La detención de Puigdemont se produjo gracias a la cooperación de los servicios secretos españoles y las fuerzas de seguridad alemanas.
El procedimiento para el análisis y eventual ejecución de la euroorden por parte de la Fiscalía alemana suele demorarse una media de entre quince y 45 días, pero el límite máximo está en los mencionados 60 días.
El Código Penal alemán no tiene tipificado como tal el cargo de rebelión como es el caso de España, pero sí el de alta traición, que en el artículo 81 del Código Penal contempla una definición similar.
Se prevén ahí penas de cárcel “de no menos de 10 años” o “hasta cadena perpetua” -lo que en Alemania equivale a un máximo de 25 años- para “quien menoscaba con violencia o amenaza de violencia” al estado alemán en su conjunto o amenaza “el orden constitucional” de la República Federal de Alemania (RFA). El expresidente regional catalán, prófugo de la justicia española, abandonó el viernes por la noche Finlandia, donde había acudido el pasado jueves para ofrecer unas conferencias.
La noticia de que el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena había reactivado la euroorden contra él por rebelión y malversación de fondos, entre otros cargos, fue recibida por Puigdemont el viernes en Helsinki. Ante esa situación, partió la misma noche del viernes en coche desde la capital finlandesa y entró esta mañana en territorio alemán.
Fuente: El Comercio
