«Estamos valorando con nuestros abogados, habrá una reunión durante la próxima semana, en Londres, enviaremos una delegación de Cancillería, con el equipo de abogados del señor Assange, y exploraremos cuáles son las alternativas que nos permite el marco del derecho internacional y nuestra propia legislación», dijo Espinosa.
La declaración surgió a preguntas de periodistas sobre las posibles acciones futuras para resolver la situación en el caso una vez que el Gobierno, presidido por Lenín Moreno, decidió cortar a Assange el acceso a las comunicaciones.
El Gobierno ecuatoriano informó hoy que le restringió el acceso a las comunicaciones, y también las visitas, a Assange por «no poder controlarse» y opinar sobre cuestiones que Quito considera perjudican a su política exterior, entre ellas la de Cataluña.
Assange -consideró con ello el Gobierno ecuatoriano- ha violado un acuerdo de diciembre de 2017 por el que se había comprometido a no opinar sobre cuestiones de otros países y deberá afrontar esta desconexión «de forma indefinida», confirmaron fuentes oficiales.
«No cumplió un acuerdo que él mismo firmó de silencio y de no intervención en temas internos de otros Estados, violó el compromiso, por lo que hemos procedido a cortarle el acceso a las comunicaciones», dijo Espinosa tras participar en el acto público sobre inversiones Invest Ecuador 2018.
Y es que Assange volvió a manifestarse la última semana sobre dos cuestiones políticas, una la de Cataluña y la otra la expulsión de diplomáticos rusos en respuesta al envenenamiento del doble espía ruso Serguéi Skripal.
El activistas australiano permanece bajo régimen de asilo en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012, al considerar el entonces Gobierno de Rafael Correa que su vida e integridad física corrían peligro.
Fuente: El Comercio
