«Es un despropósito de la hermana nación ecuatoriana, de su juez. El país, Colombia, tiene que rodear a los señores generales: al general Naranjo, al general Freddy Padilla», indicó Uribe en un vídeo sobre la decisión de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos.
Los hechos se remontan al 1 de marzo de 2008, cuando el Ejército colombiano bombardeó un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. En ese momento, Álvaro Uribe Vélez ejercía como presidente de Colombia y el ministro de Defensa era el hoy mandatario, Juan Manuel Santos.
Según la acusación, diez bombas racimo GBU-12-Paveway fueron lanzadas desde aviones de las fuerzas colombianas con la cooperación de EE.UU., sobre el campamento donde pernoctaba un grupo de estudiantes y guerrilleros.
En total, 25 personas perdieron la vida en el ataque aéreo, entre ellos, Édgar Devia, alias «Raúl Reyes», segundo al mando de las FARC, un ciudadano ecuatoriano y los cuatro estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México NAM) que se encontraban en el lugar por razones académicas.
Además del general en retiro Óscar Naranjo, quien fue director de la Policía Nacional entre 2007 y 2012, y negociador plenipotenciario del Gobierno colombiano en los diálogos de paz con las FARC, figuran como investigados en Ecuador los militares encargados de la operación Mario Montoya Uribe, Guillermo Barrera, Jorge Ballesteros, Freddy Padilla de León y Camilo Ernesto Álvarez Ochoa.
Padilla de León se desempeña como miembro de la delegación del Ejecutivo de Juan Manuel Santos en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Quito.
Luis Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, que representa a las familias de los cuatro estudiantes, explicó que se abrió juicio contra los generales colombianos «para procesarlos por asesinato» y «se está buscando incriminarlos por el crimen de lesa humanidad por la agresión premeditada contra personas que no pudieron defenderse».
Tras conocer el requerimiento hecho por la Justicia ecuatoriana, Uribe Vélez explicó que en el operativo contra «Raúl Reyes» «no se hizo un ataque a civiles.
Allí se llegó a un campamento terrorista, desde el cual controlaban el secuestro de Íngrid Betancourt, de tres norteamericanos y de muchos colombianos». Por lo anterior, el expresidente pidió rodear a los generales implicados en el caso, sobre el cual el gobierno colombiano todavía no se ha manifestado.
Fuente: El Telégrafo