El Tribunal señaló que los abogados de la defensa no fundamentaron sus alegatos, por lo tanto se ratificó la validez del proceso.
El fiscal del caso expuso que no se ha violentado el debido proceso ni el derecho a la defensa y comprobó que entre marzo de 2011 y junio de 2015, los sentenciados eran parte de una organización delictiva conformada por servidores públicos de nivel jerárquico superior, que actuaron dolosamente para obtener beneficios económicos a su favor.
Según la Fiscalía, esta organización estaba estructurada de la siguiente manera: Álex B. recibía los recursos y los repartía a los otros integrantes por disposición de Carlos P. Y., exgerente de Refinación, quien era el líder. Mientras que Diego T., desde la subgerencia de Operaciones, generaba necesidades para que se viabilicen contratos. Marco C., gerente general de Petroecuador, daba paso a la ejecución de los contratos.
El Tribunal Penal señaló que los tres sentenciados habrían abusado de su poder y del sistema de contratación pública para direccionar contratos a una empresa específica, lo que confirma su relación en actos de corrupción. A través de los testimonios de peritos y funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía probó que todos se beneficiaron económicamente.
La off shore Capaya de Carlos P.Y. recibía transferencias de Girbra de Álex B. Mientras que en los allanamientos al domicilio y papelería de Diego T. se encontraron más de $ 270.000 en efectivo y Marco C., la noche del allanamiento, tenía en su poder $ 34.000, 65.000 euros y 12.000 pesos colombianos en efectivo.
En este caso, Álex B. se acogió al procedimiento abreviado y en abril de 2017 fue sentenciado a 40 meses. Otro procesado, Arturo E., se encuentra prófugo de la justicia.
Fuente: El Telégrafo
