El hackeo al sistema del organismo rector del tránsito en el país dejó un perjuicio económico al Estado por más de $ 1,2 millones. Con la vulneración del sistema también se benefició con la licencia de conducción a personas que jamás aprobaron ningún curso de manejo ni un examen. Ellos, reconocen las mismas autoridades, ahora representan una gran amenaza en las carreteras.
La ANT confirmó que su sistema informático fue vulnerado por el ingreso de 99 usuarios externos, quienes otorgaron ilegalmente 15.970 licencias de conducir tipo A, B, C, D, E, F y G. Además, modificaron 14.583 multas por infracciones y devolvieron 26.801 puntos a conductores que violentaron la ley. Todo esto a través de programas y usuarios no autorizados.
Incluso, lo hicieron fuera de horario laboral. Esa tarea ilegal movió más de $ 1’250.000. La denuncia ya fue presentada en la Fiscalía y hay una investigación en curso por delito informático, un término que hasta hace cuatro años no era común entre los ecuatorianos.
Es recién en 2015 que se receptaron denuncias sobre hackeos de páginas o sistemas informáticos de los bancos, por parte de clientes a quienes les debitaron o sustrajeron dineros de sus cuentas. Eso obligó a las entidades crediticias a actuar y tecnificar más sus sistemas de protección informática. De acuerdo a datos de la Fiscalía, en 2017 se presentaron 235 denuncias sobre delitos informáticos, mientras que en lo que va de 2018 hubo 42.
El delito informático está actualmente tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo 232 establece penas de tres a cinco años de prisión para quien sea hallado culpable.
