Las declaraciones las hizo después de una reunión que mantuvieron varios representantes del sector productivo de la zona de frontera con la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, en el Palacio de Carondelet.
Arroyo sostuvo que son necesarios los controles que se hacen, aunque eso, de todos modos, retarda la llegada de proveedores y trabajadores, factor que también afecta a las industrias de la zona.
En los últimos meses, según Arroyo, las ventas han bajado en un 40 % porque hay temor y en el sector productivo el impacto tal vez es menor a ese porcentaje.
En tanto, Flavio Paredes, representante del sector palmicultor en San Lorenzo, sostuvo que la paralización en el sector comercial es de un 60 % y esto puede derivar en un incremento de la delincuencia.
“Queremos respeto, que nos dejen trabajar… Este es un momento de mucha dificultad, hay miedo y zozobra”, enfatizó.
Paredes vive en San Lorenzo y aseguró que en el pueblo los restaurantes y comercios están cerrados, el comercio en frontera ya no existe porque todo está militarizado y por ello piden reactivación al Gobierno.
“Pedimos seguridad para que los trabajadores puedan transitar por las carreteras, llegar a los sitios de trabajo”, agregó.
Paredes habló de una ayuda integral en educación y salud: la creación de un centro técnico para insertar a la juventud y atención de salud más cercana, pues el sector palmicultor aporta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con normalidad, pero tienen que hacerse atender en Quito o Ibarra. Solo en la palma existen cerca de seis mil trabajadores.
Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, también asistió a la reunión, y a su salida expresó que al Estado le corresponde garantizar la seguridad en el sector y que, en este momento, más que pensar en invertir se debe pensar en mantener la inversión ya existente.
