El juez Eduardo Cojulún le otorgó este miércoles una medida sustitutiva al exmandatario, acusado por las autoridades de haber cometido fraude y peculado en la implementación de un servicio prepago en el transporte de pasajeros para la ciudad capital durante su gobierno en 2008, el caso Transurbano.
Según el juez, Colom podrá continuar el proceso bajo arresto domiciliario hasta que se determine un recurso legal impuesto por el Ministerio Público, en relación con la decisión del juez.
Además, Cojulún fijó una fianza de 500 mil quetzales, unos 67 mil dólares, por cada delito. El exmandatario enfrenta dos cargos, uno por peculado y y otro por malversación de fondos, por lo que debería pagar un millón de quetzales, unos 130.000 dólares.
Colom ha rechazado las acusaciones en declaraciones anteriores.
El juez también benefició con la medida sustitutiva a otros implicados en el caso, incluyendo a Jerónimo Lancerio, exministro de Cultura y Deportes, y Óscar Erasmo Velásquez, exministro de economía, ambos por supuesto fraude.
Ellos dicen que no recibieron ningún beneficio con el proyecto, sino que únicamente firmaron el acuerdo que le dio vida a ese modelo de transporte.
El exministro de Finanzas, Mario fuentes Knight, salió en libertad meses atrás luego de su primera declaración.
El caso Transurbano
El Ministerio Público acusa a Colom y a 11 exfuncionarios de orquestar el proyecto de transporte público Transurbano sin realizar los debidos procedimientos ni tomar en cuenta a las instituciones para la entrega del proyecto.
Según señaló el Ministerio Público durante la imputación de cargos en febrero pasado, «supuesto consejo de ministros mediante un mecanismo artificioso para defraudar el Estado, se conoció y aprobó la negociación del acuerdo, evitando la injerencia de actores e instituciones que podrían dar dictámenes u opiniones que frenaran o contradijeran, el propósito de entregar 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Buses Urbanos o AEAU» .
La AEAU fue la organización dispuesta por el gobierno de Colom para recibir los 35 millones de dólares destinados a la supuesta implementación del servicio prepago y la renovación de la flota de transporte. Pero, es precisamente allí, donde la Fiscalía dice existieron las irregularidades.
