La indagación fiscal se inició tras la desarticulación de una red delictiva que exigía pagos indebidos a taxis y buses. En estos delitos están implicados dos concejales y al menos seis funcionarios y exfuncionarios de la Comisión de Movilidad del Cabildo.
La supuesta corrupción en la concesión de permisos de operación del servicio de transporte, especialmente de taxis, no era desconocida en Quito. Pero la Fiscalía inició las investigaciones cuando los choferes, desde diciembre pasado entablaron denuncias.
Incluso, afectados se acercaron al Observatorio Ciudadano a denunciar los sobornos de los que eran víctimas. Cristóbal Buendía, del Observatorio Ciudadano, indicó a los Medios Públicos que las acusaciones de corrupción abarcan varios temas.
“Lo que se está investigando son pagos por parte de los profesionales del volante por concepto de las compensaciones a la tarifa del transporte público que otorga el Municipio, que se lo canalizaba a través de la Cámara de Transporte”.
Según Buendía se entregaba dinero a funcionarios para que los dueños de los buses tengan derecho al cobro de estas compensaciones. “La Cámara de Transporte solicitaba a las diferentes empresas $ 500 por cada unidad. Esa plata iba a funcionarios municipales”.
También se detectaron sobornos en la regularización de taxis: se pagaba de $ 2.000 a $ 5.000 por cada dueño de unidad para poder operar.
