«Es una persecución increíble, criminal, que abarca absolutamente todas las esferas», dijo el activista por los derechos humanos en una rueda de prensa en Guayaquil.
El lunes 7 de mayo, Valladares visitó a Lara en el Centro de privación de libertad Regional número 8. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Interamerican Institute for Democracy (IID), Valladares afirmó que «el infierno de Dante debe ser un paseo político por la Ribera Francesa si lo comparamos con la odisea, con lo que han sido para él (Lara), estos años de cárcel».
Exasambleísta por Los Ríos, como representante del partido de oposición Sociedad Patriótica, Lara fue condenado a diez años de prisión por su complicidad en un triple crimen ocurrido en 2011.
Sin embargo, él asegura ser un perseguido político del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Valladares compareció el martes 8 de mayo ante los medios al frente de una delegación de la IID, tras verificar las denuncias de violación de derechos en prisión hechas por el exasambleísta.
«Durante estos años sufrió un trato cruel, inhumano y degradante, se le negaron (derechos básicos)», aseguró el activista y autor, y mencionó el caso, por ejemplo, de que le tuvieran «un año sin zapatos» o le quitaran «el medidor de azúcar en la sangre».
«Nunca vi un ensañamiento así», subrayó Valladares, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por el abogado Marcel Feraud, director del IID, el abogado Mauricio Alarcón, de Human Right Foundation, y otros representantes de esa ONG, de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) y del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (CEDHUS).
También acudieron el abogado de Lara, Juan Vizueta, y el expresidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez (2003-2005), de su mismo partido Sociedad Patriótica, quien pidió al actual mandatario Lenín Moreno, que lo indulte.
«Pedirle al presidente (Lenín Moreno) que firme inmediatamente el decreto dándole el indulto a Galo Lara», dijo Gutiérrez, pero «no porque es una causa humanitaria, sino por que es una causa justa». El caso de Lara ha llegado a varias instancias internacionales y el año pasado fue tratado en el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Lima, aunque el Gobierno ecuatoriano no se presentó a dar su postura.
Fuente: El Telégrafo
