Una vez que los allegados tengan en su poder los archivos, su primera acción será ponerlos bajo custodia. Este viernes, 11 de mayo del 2018, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, explicó que están en busca de una institución y un espacio físico que cuente con altas condiciones de seguridad para allí colocar los documentos.
“Vamos a ver un lugar donde también podamos trabajar porque hemos decidido no sacar copias”. La segunda acción será revisar la información. Para este trabajo las familias contarán con un grupo de asesores en el ámbito jurídico, policial, militar.
Por seguridad, los allegados decidieron no hacer públicos los nombres de su equipo. La tercera decisión es hacer pública la información una vez que la hayan revisado y confirmado si falta algo. “Vamos a esperar una o dos semanas mientras revisamos, pero creemos que es importante que el pueblo ecuatoriano sepa qué paso”, dijo Rivas.
En esa revisión se analizará qué información se hará pública y qué se mantendrá bajo reserva. “Tal vez haya cosas que pueden dañar la dignidad de las familias y por eso vamos a pensar bien qué se hará público a través de la prensa”.
Judicialmente, la información que se produce dentro de una investigación puede ser declarada reservada, secreta o secretísima. Para cada una de estas tres categorías, el Reglamento a Ley de Seguridad Pública (art.28) define cuál es el manejo y cómo se debe proceder con la desclasificación.
Por ejemplo, los datos clasificados como reservados y secretos serán de libre acceso luego de transcurridos cinco y 10 años, respectivamente.
Y si es secretísima, deberán transcurrir 15 años. Sin embargo, solo se harán públicos los datos que no afecten a la seguridad pública del Estado.
En este caso, el pasado 13 de abril, el presidente Lenín Moreno pidió al Consejo de Seguridad que levante la reserva de los datos sobre el secuestro. Los familiares dicen que no saben el tipo de información a la que podrán acceder.
En la Fiscalía se informó que una posible filtración de los documentos o una parte de estos no invalidaría el trabajo que ya han realizado los agentes fiscales y las evidencias que ya han conseguido dentro de todo el proceso.
Mientras tanto, la CIDH anunció este viernes 11 de mayo su decisión de conformar un equipo de seguimiento para acompañar a los familiares de las víctimas y apoyar técnicamente las investigaciones mantenidas por las autoridades e instituciones nacionales.
La CIDH señaló que la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para Ecuador, será la responsable del grupo, con el apoyo del Secretario Ejecutivo o de quien él designe. Este equipo funcionará hasta fin de año.
La Comisión Interamericana convocará “inmediatamente” a una reunión de trabajo involucrando a los representantes del Estado ecuatoriano y de los familiares y peticionarios de la medida cautelar. Así empezará el funcionamiento del equipo especial de seguimiento.
“La CIDH reitera su disposición a colaborar con el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado y a fin de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas”, dijo la comisionada Esmeralda Arosemena.
Tras conocer el pronunciamiento de la CIDH, la Cancillería dijo que el grupo analizará el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico integrado por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.
Además, sostuvo que Ecuador proporcionará todas las facilidades y cubrirá los gastos del equipo de seguimiento que “estudiará el caso del secuestro y asesinato en Colombia de tres trabajadores”. El equipo de seguimiento estará integrada por cuatro personas.
Además de Esmeralda Arosemena estarán el relator especial sobre Libertad de Expresión, Edison Lanza, y dos especialistas de la CIDH.
En contexto El secuestro del equipo periodístico de EL COMERCIO ocurrió el 26 de marzo pasado, después de que el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra ingresaran a la población fronteriza de Mataje, en Esmeraldas.
