La entrega estaba prevista para el viernes pasado, pero se postergó por problemas de agenda de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. La Secretaría de Comunicación (Secom) confirmó que se realizará hoy.
No han trascendido los pormenores de las reformas, sin embargo, la figura de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) se eliminará, según adelantó el presidente Lenín Moreno, el lunes pasado. La Secom se ha reunido con grupos relacionados a la comunicación y al periodismo, desde enero pasado.
César Ricaurte, de Fundamedios, reconoció la apertura del Gobierno para cambiar la normativa. Cree que otra reforma importante debe apuntar a posicionar al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información (Cordicom) como organismo rector de la comunicación, en el país. Siempre y cuando -dice- se dedique a fomentar derechos y no a perseguir a los medios. Según un estudio de su ONG, entre el 2013 y el 2018 -tiempo que ha estado en funciones la Supercom- la Ley de Comunicación se usó en 1 037 procesos en contra de medios y de periodistas.
En total, se registraron 561 sanciones. De este número, 334 tuvieron como castigo multas económicas. Añadió que las “normas deontológicas” que se articularon en la Ley se prestan a subjetividades y son las que más se usaron para iniciar procesos sancionadores. Por esta razón, Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), espera que en el proyecto se eliminen figuras que se prestaron para la “persecución”.
Además, cree que se debe modificar la Constitución para que la comunicación vuelva a ser un derecho humano y no un servicio público, como establecieron las enmiendas a la Carta Magna, en diciembre del 2015. Los medios comunitarios también prepararon un documento que presentaron al Consejo de Participación transitorio. Aunque no han tenido una reunión directa con el Presidente, reconocen que han asistido a reuniones convocadas por la Secom.
Jorge Guachamín, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Medios Comunitarios (Corape), puntualizó las mejoras que esperan integrar. Por ejemplo, solicitan que se mantenga la distribución tripartita de frecuencias entre los medios comunitarios, públicos y privados, que está en vigencia.
El sector, además, solicitó que se revise la profesionalización de los comunicadores en los medios populares y comunitarios. “No es la misma lógica que en los medios privados. Aquí trabajan pobladores. Desde la vigencia de la Ley se han alejado de los micrófonos”, señaló Guachamín. Corape defiende también la necesidad de crear una defensoría de audiencias de carácter ciudadano.