La sesión inició con 11 asambleístas presentes. La legisladora Marcela Aguiñaga pidió mediante oficio participar. Los primeros en intervenir fueron los vocales suplentes.
María América Dávalos comunicó que es funcionaria de la Defensoría Pública y ha participado esporádicamente en las sesiones del Consejo de la Judicatura y que no ha mantenido funciones específicas en esta función.
Dijo que en el caso de error inexcusable, solo participó una vez y votó en contra de un juez. Pidió que se la excluya del juicio político.
Luego intervino Carlos Teodoro Delgado Alonso, quien explicó que no ha sido convocado a ninguna sesión del CJ por un periodo de 18 meses.
«No se puede considerar incumplimiento de funciones en un cargo que no ha sido ejercido», apuntó. Delgado aclaró que no ha recibido notificación del inicio de una investigación y mucho menos de un informe de la Contraloría General del Estado. También solicitó que se lo excluya del juicio político. «Nada tengo que ver», dijo.
Los vocales suplentes Marco Antonio Maldonado y Glenda Calva no participaron. Una vez agotado el primer punto, la Comisión de Fiscalización recibe a los 5 vocales principales del Consejo de la Judicatura. El primero en intervenir es el presidente del organismo, Gustavo Jalkh.
Jalkh señaló que dentro de las pruebas adjuntadas (página 7) al juicio político hay supuesta orden de trabajo del informe DAAC-0070-2016 de Contraloría. «Este documento tiene formato de síntesis de informe, no de orden de trabajo», recalcó.
Afirmó que son documentos forzados. «No existe en la página web, Contraloría no avala que es el que reposa en sus archivos». Añadió que será la Fiscalía la que compruebe quién forzó la prueba. Mencionó que dicho informe involucra varios concursos de mérito y oposición, «incluso algunos realizados antes del inicio de mi gestión».
Apuntó que la Contraloría no observa los concursos de mérito y oposición, sino el banco de elegibles. En esa medida indica que no se determinan responsabilidades en firme. A las 10:30, la comparecencia continuaba en la Asamblea.
Fuente: El Telégrafo
