Un informe del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), de 2015, muestra que entidades de la Función Ejecutiva acumulan la mayor cantidad de automotores. El dato, sin embargo, es poco fiable porque no existe un mapeo real del parque automotor del sector público en la actualidad.
Inmobiliar, que rematará 75 vehículos públicos de alta gama este año, no tiene un registro general. Su titular, Nicolás Issa, aseguró que cada ministerio, secretaría, municipio y prefectura tiene su registro individual.
Gabriela Larreátegui, asambleísta de SUMA, destaca ese desorden como una de las causas para el mal uso de los vehículos y el despilfarro estatal. Si no hay vigilancia, advierte, el dinero de todos seguirá utilizándose inadecuadamente.
La Contraloría General del Estado está de acuerdo. EXPRESO publicó el 28 de mayo que el parque automotor de Petroecuador acumula irregularidades por matrículas impagas, multas y falta de revisión. Más de 50 unidades fueron reportadas por fallas.
Un caso similar se registró en las oficinas del Banco Central en Guayaquil.
Este Diario accedió a informes preliminares que dan cuenta de que la cifra de 25.184 fue superada en los últimos años. Solo la Presidencia de la República tendría unos 171 vehículos.
En la Asamblea Nacional se registran, al menos, 42 autos oficiales. Larreátegui asegura que muchos de esos bienes son utilizados para transportar a empleados a sus hogares. Es decir, no cumplen una función pública sino particular.
Richard Martínez, ministro de Economía, manifestó a EXPRESO que el carro del ministerio viaja de Quito a Guayaquil para que el ministro se movilice. Eso, aunque hay un auto allá. “Dispuse que eso no se aplique”.
