Así lo expresó la australiana en un acto celebrado en paralelo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, coincidiendo con el sexto aniversario de la entrada de Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, en la que se encuentra en situación de asilo.
Espinosa fue la primera latinoamericana elegida presidenta de la Asamblea General de la ONU el pasado 5 de junio, cargo que ocupará durante un año a partir de septiembre.
Julian Assange se refugia en la embajada ecuatoriana de Londres desde el 19 de junio de 2012 ante el temor de ser extraditado a Suecia acusado de un delito sexual, aunque en la actualidad teme ser extraditado a Estados Unidos para responder por la filtración de miles de correos secretos de numerosas instituciones.
Robinson recordó que en mayo de 2017, la Fiscalía sueca cerró la investigación preliminar abierta contra Assange en 2010 por un supuesto delito de violación y que, en realidad, su estancia en la embajada ecuatoriana «siempre se ha debido y se debe al riesgo de extradición a Estados Unidos». La letrada aseguró que, sin embargo, «la Fiscalía estadounidense no ha dado detalles de la investigación de las filtraciones de Wikileaks», plataforma que Assange utilizó para difundir en 2010 cables diplomáticos confidenciales estadounidenses.
Asimismo, recordó que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo calificó el portal como un «servicio hostil de inteligencia», por lo que, si su cliente saliera de la embajada, sería detenido y se enfrentaría a cargos de espionaje.
Respecto a la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias en 2016 de considerar la detención de Assange arbitraria, Robinson urgió al Reino Unido a respetar dicha resolución. La australiana denunció además que el caso de su cliente es «un ataque a la libertad de expresión y a la democracia», y advirtió de que podría sentar un precedente que afectaría a los medios de comunicación. «La prensa debería atreverse a defender a Assange y a Wikileaks.
Hasta ahora ha contribuido a la campaña de criminalización pretendiendo que el caso no está relacionado con los medios de comunicación, cuando en realidad lo está», concluyó.
Fuente: El Telégrafo
