Para este fin se ha dispuesto el despliegue de varios equipos de auditores en coordinación con la Policía para ubicarse en lugares estratégicos del país andino como peajes, accesos a las ciudades, centros comerciales y balnearios.
En los controles realizados en el 2015 fueron retenidos a nivel nacional 43 vehículos públicos por circular sin los respectivos permisos, mientras que en 2014 fueron 116 automotores que no cumplieron con las regulaciones, lo que implica una reducción del 66% en la infracción.
La Contraloría recordó que los funcionarios que mal utilicen los vehículos estatales serán sancionados con multas que van desde cinco hasta 15 remuneraciones básicas unificadas, es decir de 1.770 USD a 5.310 USD.
En caso de reincidencia, el funcionario puede ser destituido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles culposas o indicios de responsabilidad penal que se determinen.
