«Pablo Villavicencio está libre esta noche», señalaron en Twitter sus abogados de oficio de la Legal Aid Society, que hoy pidieron su libertad al juez durante una audiencia en la corte federal para el distrito sur en Manhattan.
El ecuatoriano fue arrestado hace 54 días al entregar una pizza en una base militar en Nueva York. Gregory Copeland de la Legal Aid Society -que defiende al ecuatoriano- dijo que están «esperanzados» de que pronto se reunirá con su familia.
El caso generó indignación entre grupos pro-inmigración y la oposición demócrata, ampliando la brecha entre la ciudad y la política de tolerancia cero del gobierno federal hacia la inmigración ilegal.
Pablo Villavicencio, inmigrante ilegal de 35 años y padre de dos niñas, fue detenido el 1 de junio en la base militar de Fort Hamilton en Brooklyn, luego de que un policía militar investigara su carnet de identidad, y confirmara que era un inmigrante ilegal.
Entonces, se había solicitado a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que deportara al repartidor, pero un juez federal bloqueó esa orden. Desde aquél momento, Villavicencio ha estado detenido.
Su esposa e hijas, de dos y cuatro años, son ciudadanas estadounidenses. La más pequeña sufre de un problema cardíaco.
«Este caso se trata de una familia que fue separada, y creo que lo que importa es unir a esa familia lo antes posible», agregó Copeland.
Villavicencio aún podría solicitar convertirse en residente legal de Estados Unidos una vez es deportado, dijeron los abogados..
El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo emitió una declaración en la que dijo que el gobierno federal ha separado “cruelmente” a Villavicencio de su esposa y dos hijitas “sin razón legítima”.
En la audiencia, el juez Paul Crotty cuestionó que Villavicencio fuera deportado, dado que cuenta con una solicitud pendiente para obtener la residencia permanente.
«¿Hay algún concepto de justicia aquí, o estamos haciendo esto porque queremos?», se preguntó el magistrado. «¿Dónde está el daño al país?», agregó, sin aclarar cuándo resolverá el caso.
Sandra Chica, la esposa de Villavicencio, asistió a la audiencia con su dos hijas, visiblemente conmovida. Villavicencio no estuvo en el lugar.
«Nuestras vidas han sido completamente trastocadas», había dicho Chica el lunes. Un pequeño grupo de activistas protestó fuera de la corte, en reclamo de la liberación del ecuatoriano.
Villavicencio ingresó a Estados Unidos en 2008, y en 2010 ignoró la orden de salir. Se casó en 2013 y no tiene antecedentes criminales; siempre ha trabajado y cumplido con sus impuestos.
