El planteamiento fue formulado por la concejala Luisa Maldonado, presidenta de la comisión especial del legislativo capitalino que supervisa el procedimiento de asignación de cupos en el sistema de transporte previsto para 8.693 unidades.
El 10 de mayo, los ediles votaron aplicar la suspensión del proceso y del pago de las compensaciones de $ 1.000 mensuales a los transportistas urbanos por un plazo de 60 días, mientras la Alcaldía de Quito contrató una auditoría externa que supervisara ambos procesos.
No obstante, dicho plazo se cumplió el 10 de julio pasado, sin que el ejecutivo local haya cumplido con el requisito establecido para la reanudación de ambos trámites. La Alcaldía argumenta que para efectuar la contratación debe contar, primero, con el beneplácito de la Procuraduría General del Estado.
Frente a esta situación, tanto los taxistas como los transportistas en buses han expresado su malestar por el mantenimiento de las suspensiones y ambos gremios han reclamado tanto en los medios como mediante manifestaciones en las calles.
Fuente: El Telégrafo
