Tras escuchar el anuncio, los imputados, sus abogados y familiares gritaron, se abrazaron y aplaudieron. Así expresaron su alegría, sobre todo cuando el Tribunal ordenó que se investigue a policías y fiscales que participaron en el caso. En el proceso de David pasaron cinco fiscales y todos deben ser investigados, señalaron los magistrados.
Israel Moreno, uno de los abogados de los procesados, dijo que tomarán acciones legales contra los funcionarios judiciales y policiales. La madre del joven, quien desapareció en mayo del 2013, también se pronunció tras el fallo. “Esto era un sainete desde el inicio, se equivocó el juez que primero conoció el caso, no solo los policías y fiscales, sino todas las autoridades”, dijo. Las audiencias empezaron el 6 de agosto pasado y hoy fue el último día de juzgamiento.
Fiscalía presentó 41 testigos para probar el supuesto asesinato del joven capitalino. Jesús López, abogado de otro procesado, aseguró que el policía encargado de la investigación habría ejercido coacción para lograr que su cliente se implicara en el presunto crimen. Para Milton Castillo, abogado de la familia Romo, la investigación tuvo “muchas irregularidades”. Por ejemplo, el jurista recordó que durante el juicio la madre de David recibió llamadas anónimas que supuestamente afirmaban la ubicación del cuerpo del joven.
En medio del juico se realizó el allanamiento de unos terrenos en Carcelén en donde supuestamente su hijo había sido enterrado. “Es contradictorio que se haya realizado esa búsqueda, mientras que durante el juicio la Fiscalía sostuvo, ante los jueces, que David fue incinerado”.
La teoría de la Fiscalía era que el joven fue llevado a una clínica de rehabilitación de drogas clandestina, en el sector de La Pisulí. Y que allí habría sido asesinado y descuartizado. Luego sus restos habrían sido trasladados a una casa en Ponceano, donde fueron incinerados. La Fiscalía durante el juicio no presentó ninguna prueba de ADN ni rastros orgánicos sobre la muerte del joven.
Fuente: El Comercio