La audiencia se realizó este viernes 24 de agosto, en Quito, a solicitud de varias instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública. De esta manera, los ciudadanos venezolanos podrán ingresar al Ecuador con cédula de identidad.
Mientras se desarrollaba la diligencia, en los exteriores de la unidad judicial, ciudadanos esperaban una resolución. Hubo concentraciones a favor y en contra de la exigencia del pasaporte.
Ernesto Pazmiño, defensor público, pidió que la jueza «se sume al clamor mundial del tema humanitario para esta población». Añadió que la exigencia del pasaporte es una medida «innecesaria, inconstitucional, desproporcionada».
Gina Benavides, defensora del pueblo, señaló las vulneraciones de derechos humanos que se han presentado en estos días, tras la decisión del Estado ecuatoriano de aplicar la medida. Indicó que en la zona de frontera existen muchas personas de grupos vulnerables que no pueden acceder a sus derechos. «La medida del gobierno atenta contra la unidad familiar de las personas venezolanas que quieren ingresar a Ecuador», apuntó.
De allí que Benavides pidió a la jueza que ordene al Ministerio del Interior y la Cancillería que suspendan la medida, vigente desde el pasado 18 de agosto. Mario Melo, de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, sostuvo que la medida alimenta el odio a las personas extranjeras.
En representación del Ministerio del Interior, está el viceministro Diego Tipán, quien reiteró que la exigencia de la presentación del pasaporte garantiza un ingreso seguro, regular y ordenado. Y es para evitar casos de trata de personas y tráfico de migrantes.
Fuente: El Telégrafo
