Así lo confirmó la vicepresidenta Viviana Bonilla. Ella informó que en el primer caso se decidió que la comisión multipartidista que investigará la visita de Espín a la testigo protegida del caso Balda, Diana F., tendrá tres integrantes. Uno será de la bancada de la Revolución Ciudadana, otro de CREO- que impulsa la indagación-y un tercero que no sea parte de estos dos movimientos.
La semana pasada, la Asamblea decidió abrir un expediente contra Espín luego de que el legislador Esteban Bernal (CREO) presentara una denuncia formal en su contra. Esta queja está basada en la denuncia de Diego Chimbo, abogado de Diana F., quien sostuvo que la visita al centro de rehabilitación social de Chillogallo tuvo el presunto objetivo de persuadir a su cliente que cambiara de versión y libere de culpa al expresidente Rafael Correa, quien es indagado por el secuestro de Fernando Balda.
Espín aseguró que no violó ninguna norma ni presionó a la testigo, por eso presentó un pedido para que el Consejo de la Legislatura reconsidere el inicio del expediente. No obstante, este pedido no pasó y la indagación continuará. Lo que sí fue aceptado por el CAL fue la solicitud para recibir a los legisladores Espín y Bernal. Está previsto que la representante de la bancada de la Revolución Ciudadana acuda esta tarde al CAL.
Mientras que Bernal dijo que no comprende la decisión, pero que acudirá al llamado para presentar los argumentos de su acusación.
En la mañana empezaron a circular nombres de los integrantes de la comisión que indagará a Espín, pero sus integrantes definitivos se conocerán en la sesión del Pleno, prevista para esta tarde.
Sobre este punto, Bonilla destacó que uno de los planteamientos que se hizo en la reunión de los jefes de bloques fue que el tercer integrante tenga un perfil independiente o que haya votado ni a favor ni en contra en la sesión de la semana pasada, donde se decidió impulsar la investigación contra Espín.
En el caso de Norma Vallejo, aún no hay una decisión. Ella es acusada por cuatro exfuncionarios de supuestamente obligarlos a entregarle un porcentaje de su salario para el pago de varios rubros. Según Bonilla, se debería presentar una denuncia, como se hizo en el caso de Espín, para que la Asamblea inicie un proceso de investigación.
Fuente: El Telégrafo – Nota original LINK
