El proceso de enmiendas se inició en mayo de 2014 en la convención de Alianza PAIS, en donde se solicitó a los asambleístas del movimiento oficialista impulsar una reforma a la constitución de 2008.
Un mes mas tarde, la presidenta de la Asamblea entregó la propuesta de 17 enmiendas a la Corte Constitucional, organismo que, en octubre, calificó la vía para modificar la Carta Magna, determinando que 16 de los 17 cambios propuestos podían ser tramitados en el Legislativo, al no representar cambios en la estructura del Estado.
La decisión generó un profundo debate social. La oposición insistía en llevar los temas a consulta popular, mientras el oficialismo defendía la legalidad de lo actuado. La propuesta de reelección fue el centro de las manifestaciones, a favor y en contra, que en más de una ocasión fueron trasladadas a las calles.
El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) conformó una comisión especializada que sometió los temas a primer debate. Luego vino el año de socialización de parte del oficialismo y de deslegitimación de las propuestas de sus detractores.
La polarización de las posturas llegó a su punto máximo el 3 de diciembre, cuando la Asamblea trató las enmiendas y aprobó 15 de las 16, con 100 votos a favor, uno en contra y una abstención. Las protestas no se hicieron esperar, varios sectores sociales, sindicales y de indígenas hablaron de restricción de derechos, mientras que el oficialismo asegura que habrá más garantías ciudadanas.
El cambio en ciertas funciones de Contraloría, la reforma laboral, la participación de Fuerzas Armadas en la seguridad interna, la comunicación como servicio publico, la reducción de la edad para ser presidente y la postulación a la reelección que regirá desde el 24 de mayo de 2017, es decir no para las próximas elecciones, son algunas de las modificaciones cuya inconstitucionalidad será demandada por la oposición, mientras el oficialismo ya anunció el envío de un segundo paquete de enmiendas.
