«El 7 de marzo de 2018, el secretario de Estado Boris Johnson declara que Gran Bretaña no extraditará al señor Assange a un tercer país donde se le puede sentenciar con la pena de muerte», leyó hoy el procurador general de Ecuador, Iñigo Salvador, de una carta oficial del Estado ecuatoriano entregada en agosto al fundador de WikiLeaks y a su procurador legal, Baltasar Garzón.
En un encuentro con medios extranjeros en la sede de la Procuraduría en Quito, Salvador calificó ese compromiso como una «importante garantía del Gobierno británico», a la que sumó otra hecha «en similares términos el 10 de agosto» por su sucesor al frente de la diplomacia del Reino Unido, Jeremy Hunt.
El defensor del Estado ecuatoriano precisó que una copia de ambas comunicaciones se adjuntaron en el escrito entregado a Assange, del que hasta ahora no se ha tenido una respuesta que permita buscar una salida a su situación en la legalización diplomática en Londres.
Salvador también manifestó que el Reino Unido se ha negado en dos ocasiones, una el 16 de agosto de 2012 y otra el 23 de mayo de 2017, a otorgar un salvoconducto al australiano naturalizado ecuatoriano para que pudiera abandonar suelo británico.
La carta indica asimismo que las autoridades inglesas reiteraron que «la fuerza pública del Reino Unido arrestará al señor Assange por haber infringido las normas británicas sobre fianza y libertad condicional» en el momento en que salga de la embajada de Ecuador.
Y que será inmediatamente puesto a disposición judicial por vulnerar los términos de la fianza y libertad condicional en ese país, que conlleva una sentencia máxima de seis meses de prisión y/o una multa.
Salvador reiteró que la posición ecuatoriana sigue siendo la de ofrecerle las garantías británicas de que no será extraditado a un tercer país donde exista pena de muerte, o continuar en la sede diplomática cumpliendo con un protocolo de conducta cívica.
«Si no se entrega a las autoridades británicas puede pasarse la vida entera en la embajada del Ecuador», manifestó el procurador.
E interpelado sobre qué medidas recomendaría a las autoridades ecuatorianas, Salvador opinó que sugeriría someter el caso al arbitraje internacional.
«La ventaja que tiene someter el tema a un tribunal internacional es que las partes están obligadas a cumplirlo. Y si el Estado ecuatoriano llegara a perder ese caso y los árbitros internacionales le llegaran a imponer la obligación de entregar al señor Assange, esa obligación ya no sería una infracción del derecho internacional como sí lo sería ahora», comentó.
Con todo, el procurador, experto en derecho internacional, reconoció que «el derecho ecuatoriano tiene la obligación de no entregar al señor Assange a un país donde su vida corra peligro».
De acuerdo al letrado de Assange en Quito, Carlos Poveda, su defendido ha pedido garantías al Reino Unido de que no lo va a extraditar a un tercer país para poder abandonar la legación diplomática.
El activista era requerido desde 2010 por las autoridades suecas debido a las acusaciones de dos mujeres por violación, que él niega, pero Suecia archivó la causa al no poder avanzar en la investigación.
Aun así, sigue bajo asilo por temor a que sea arrestado por las autoridades británicas y deportado a EE.UU., donde teme ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial.
Fuente: EFE, aliado estratégico de FM Mundo
