La instancia, conformada el pasado 21 de agosto, investiga y analiza los casos de persecución política suscitados en la última década. A través de una rueda de prensa, los miembros de la Mesa informaron los resultados preliminares.
Paúl Jácome, presidente de dicha comitiva, informó que a través de un formulario virtual implementado por la Judicatura se recibieron 1.435 casos de presunta persecución política. De este número, alrededor de 300 se encuentran registradas en fichas técnicas, las cuales ya están documentadas.
El resto de expedientes se encuentra en investigación, informó el Consejo de la Judicatura. Según los reportes, las provincias donde se registró mayor número de denuncias por son Pichincha, Loja y Guayas. Las denuncias aluden a los casos del 30-S, criminalización a la protesta social, persecución contra el movimiento indígena, libertad de expresión, entre otras.
Porras advirtió que en diciembre se presentará un informe con las conclusiones de las investigaciones. Luego de ello se determinará los mecanismos para reparar a las víctimas e iniciar los procesos administrativos contra los servidores judiciales responsables de estos casos. Además, se elaborará un documento para emitir recomendaciones a las instituciones del Estado para que también tomen acciones de reparación.
«Ya detectamos patrones que se repiten como la falta de tutela judicial y efectiva violación de derechos humanos», advirtió Porras. La agenda de audiencias se inició con los activistas Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Después con el exdirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Marcelo Rivera.
Luego, sobre los implicados por el caso del 30-S. A las 15:00 estaba prevista la audiencia por el denominado caso «Gran Hermano», después por el caso «Comunidad Valdivia», «Tres de Cotopaxi» y contra el mayor Fidel Araujo, quien fue sentenciado como uno de los instigadores durante los hechos registrados el 30-S.
Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK
