La lectura del documento se cumplió la tarde de este miércoles 21 de noviembre del 2018 y contó con la presencia de varios funcionarios llamados por este caso.
Los posibles implicados serían exministros, subsecretarios y directores de la Cartera de Estado, que estuvieron en el período comprendido entre el 1 de enero del 2013 y 30 de junio del 2018, lapso en el que se hizo el análisis.
El informe se denominó Examen especial a los fondos asignados y utilizados por el Ministerio de Educación para la ejecución de los estudios, planes, proyectos, programas y campañas relacionadas con el Plan Nacional Integral para erradicar los delitos sexuales en el Sistema Educativo, su administración y liquidación en el Ministerio de Educación y entidades relacionadas.
Una de las principales observaciones fue la falta de gestión para la aprobación de este Plan Nacional. Se suma que no se tramitó el presupuesto ni se elaboraron los lineamientos para su ejecución en el Ministerio de Finanzas y en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), respectivamente.
Para la entidad de control, la omisión de este Plan trajo como consecuencia el incremento de los casos de abuso y violencia sexual en el sistema educativo.
Al 27 de junio del 2018 se registraron 1 837 casos de este tipo. Representa 315% más si se compara con el número de casos reportados al 20 de diciembre del 2017, con 582. Los datos fueron entregados por la Subsecretaría de Innovación del Ministerio del ramo a la Contraloría.
En el informe borrador de la entidad además se detallan otras cifras relevantes. En las juntas distritales de resolución de conflictos se reportaron que de 372 denuncias archivadas, 244 casos fueron resueltos. De ellos 243 terminaron en destitución por abuso, acoso y violación sexual y uno fue declarado inocente.
Adicionalmente, 51 fueron inadmitidos, entre otras cosas, por la falta de documentos y 77 aún faltan por resolver. En el informe borrador también se detalla que en el 2013 se planteó el diseño del Plan Nacional y se ejecutó un monto de USD 39 200, que no han sido justificados.
El motivo: no existe un producto final, es decir, no se concretó el programa.
Tras la lectura del informe, los funcionarios vinculados a este caso tendrán cinco días laborables para presentar sus pruebas de descargo. La entidad puede establecer responsabilidades a los implicados por no justificar la utilización de este monto y la falta de ejecución del Plan.
Fuente: El Comercio- Nota original: LINK
