Villavicencio sostuvo que en el allanamiento que se realizó a su casa el 26 de diciembre de 2013, el cual sostiene fue ordenado directamente por el exmandatario, se dio un robo de información que mantenía en sus computadoras. Para el activista, la incursión y el robo tuvieron como objetivo evitar que el país conozca datos sobre hechos de corrupción que él mantenía como parte de su labor periodística.
El allanamiento que se realizó a la vivienda de Villavicencio, así como a las oficinas del entonces asambleísta Cléver Jiménez, se dio dentro del proceso penal que se les abrió a ambos por el delito de hackeo y difusión de información reservada, delito por el cual años más tarde fueron declarados inocentes.
En la lista de demandados también está el exvicepresidente Jorge Glas; el exfiscal general Galo Chiriboga; el exministro del Interior José Serrano, así como el juez de la Corte Nacional de Justicia que llevó la causa por el supuesto hackeo, Jorge Blum.
«Todos ellos participaron en el brutal allanamiento a mi vivienda, que no fue para nada más que para el robo de información para impedir que un periodista realice su trabajo, para que un legislador cumpla su trabajo de fiscalización e impedir que la sociedad conozca una de las más grandes tramas de corrupción«, explicó.
En el caso, según el denunciante, existiría evidencia de cómo se utilizó a agentes de la Senain, con una orden de Correa, para hacer el seguimiento y la persecución a él y a Jiménez. También tendría datos de cómo actuaron de forma «coludida» en el allanamiento la Senain, la Dirección Nacional de Inteligencia (DGI) y la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República (UGSI).
«Como (Rafael) Correa y (Alexis) Mera no podía entrar a mi casa a robarse la información, ellos utilizaron al Estado, a la Fiscalía a los órganos de Inteligencia. (…) Ellos se llevaron información de (la hidroeléctrica) Coca Codo Sinclaire, de transferencias bancarias por la intermediación petrolera, información de actividades inmorales de Pablo Romero…», dijo Villavicencio.
La fiscal general Ruth Palacios recibió directamente a Villavicencio y a su abogado Luis Fernández, quien adelantó que solicitarán a la fiscal que pida al presidente de la República Lenín Moreno que levante toda la reserva respecto al seguimiento realizado al periodista.
«Cuando se conozca la información que se robaron va a causar un colapso en el país. Por eso no podía permitir Rafael Correa que se conozca esa información. Desde hace seis años ya se encontraba en esa computadora no solo cientos de transferencias bancarias de Petrochina a personajes públicos, sino que también se encontraba el informe que manifestaba que quien dio la orden para atacar el hospital (de la Policía el 30 de septiembre de 2019) fue directamente Rafael Correa«, indicó Fernández.
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
