Según un comunicado del Poder Judicial, el ministro en visita (juez especial) para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia en contra de los exagentes de Estado por el delito de secuestro calificado.
Las víctimas de este delito fueron Mario Zamorano Donoso, Onofre Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortéz, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Lenin Díaz Silva, Eliana Espinoza Fernández y Víctor Díaz López, todos del Partido Comunista.
Según estableció la investigación, todas las víctimas del proceso, fueron detenidas para ser interrogadas y torturadas en razón de su militancia política, con el fin de obtener información sobre sus actividades de partido y, en especial, la identificación posterior de otros miembros del Partido Comunista en la clandestinidad.
«Dichos apremios no cesaban hasta la obtención de la información requerida o, hasta la inconsciencia de las víctimas«, precisó el fallo.
Para darles muerte, se utilizó la acción conjunta de varios agentes del cuartel, los que con una bolsa plástica cubrieron su cabeza y la amarraron al cuello, impidiéndole la respiración, lo que produjo su deceso por asfixia.
Una vez constatada su muerte, muchos de los opositores fueron colocados en gruesas bolsas de polietileno, que amarraron con alambres en torno a su cintura, atándolo a un trozo de riel para ser lanzador al mar.
En esta misma línea, el juez Vázquez Plaza estableció que el lanzamiento de cuerpos al mar fue una práctica sistemática utilizada por los agentes de seguridad desde principios de 1974 hasta 1978.
Estos hechos se acreditan por los distintos relatos del personal del Comando de Aviación del Ejército, entre otros, mecánicos de aviación y encargados del mantenimiento, que dan cuenta de esas operaciones denominadas «Secretos Militares», en las que describen el modo en que se cargaron los bultos, preferentemente en helicópteros modelos Puma SA 330.
Durante la dictadura de Pinochet, conforme a cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
Fuente: EFE, aliado estratégico de FM Mundo
