Los encargados de presentar la denuncia fueron Raúl Ledesma, ministro de Trabajo; María Alejandra Muñoz, directora del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), e Iván Granda, subsecretario general de Acción Política de la Presidencia, en el edificio del Gobierno Zonal, en Guayaquil.
En el allanamiento, realizado el pasado 27 de diciembre del 2018, se detuvo provisionalmente maquinaria por defraudación aduanera debido a la importación de equipos e insumos valorados en USD 30 millones y declarados únicamente por USD 413 000, se informó. También se halló USD 116 820 escondidos en caletas y pruebas de evasión fiscal por parte de los accionistas que registrarían ingresos por más de USD 8 millones, pero las declaraciones suman USD 3 millones, dijeron las autoridades.
“Un exhorto a la Asamblea Nacional para que nos dé una Ley Anticorrupción que nos permita perseguir con mayor agilidad el testaferrismo”, señaló Granda. Sobre el presunto caso de testaferrismo y la vinculación de exfuncionarios del gobierno pasado, señaló que la Fiscalía actuó como un acto urgente y que ya está en indagación previa. “Lo que nosotros hemos podido establecer es que habían varios elementos de convicción que existiría para que pueda haber una relación, será la fiscal la que tenga que determinar (..) Porque tenemos indicios claros y ciertos de que estos recursos les pertenecerían a esas personas (Glas-Topic-Rivera)”, indicó.
Según Muñoz, la Acería funciona desde el 2014 pero recién sus movimientos son a partir del 2017. El ministro Ledesma agregó que en el operativo se encontró que había más de 50 empleados, pese a que solo 24 estaban contratados. La mayoría de ellos eran extranjeros, sin permisos de trabajo, trabajaban siete días a la semana y con un pago de USD 15 diarios sin ningún tipo de contratación formal, sin afiliación al IESS.
Por la precarización la empresa fue clausurada. El SRI estableció una denuncia penal que está en curso, aduanas hizo también una clausura porque no tenían los permisos de importaciones. “Si en 30 días no los presentan habrá ya un proceso administrativo el cual podría llegar a la incautación definitiva de los bienes”.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
