El 10 de diciembre pasado, a los 90 días iniciales de instrucción fiscal dados en este caso se le sumaron 30 días debido a que el fiscal José Maldonado solicitó a la jueza Lucía Cevallos una reformulación de cargos para que se investigue un asesinato en lugar de una ejecución extrajudicial. La solicitud fue aceptada por la jueza.
Al momento los procesados en esta causa son el teniente coronel del Ejército Wilson R. y el mayor del Ejército Vicente N.
El abogado defensor del oficial Vicente N., Pablo Encalada, cree que el dictamen abstentivo para su cliente y el otro procesado es el único camino que le queda a la Fiscalía en este caso. Asegura que han demostrado «hasta la saciedad» que ninguno de los dos procesados tienen participación en la muerte del policía Jiménez, la noche del 30-S.
«El hecho de que la Fiscalía haya iniciado una instrucción fiscal es un error absoluto, porque eso le puso a la Fiscalía a correr, le puso contra el tiempo, se quedó sin tiempo. Fiscalía no tendrá ninguna otra alternativa que reabrir otra investigación para descubrir finalmente a los autores de la muerte de Jiménez», aclaró Encalada.
Defensa de la familia de Jiménez acudió a la CIDH
En cambio, Edwin Romero, abogado de la familia de Froilán Jiménez, calificó de una «pantomima» y un «engaño» a las tres reconstrucciones de los hechos que se han dado en esta instrucción fiscal. No adelantó criterios respecto a si la Fiscalía emitirá un dictamen acusatorio o abstentivo contra los dos procesados, pero aclaró que este tipo de casos de lesa humanidad no pueden quedar en la impunidad.
Criticó el hecho de que no se haya dado paso a la desclasificación de la información oficial, pese a que los dos fiscales a cargo lo pidieron por un sinnúmero de ocasiones.
«En su momento oportuno la justicia pasará factura a las personas que no desclasificaron la información de los militares que acudieron, incursionaron y dispararon a quema ropa a personal que se encontraba realizando su trabajo el 30 de septiembre del 2010«, indicó Romero.
Tanto Romero como Encalada coincidieron en que la Fiscalía debió haber iniciado otras investigaciones por delitos como fraude procesal, desobediencia a la autoridad o cualquier otro delito por no atender los pedidos que la Fiscalía ha realizado en esta causa.
Romero adelantó que el caso de Froilán Jiménez ya se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Explicó que se llegó a esta instancia debido a que no existe respuesta del Estado ecuatoriano.
«Los organismos internacionales tienen que intervenir para que estas personas o carteras de Estado puedan indicar a qué persona o a qué funcionarios están encubriendo, cuál es el asesino qué se encuentra atrás de todo esto«, mencionó el abogado de los Jiménez.
