Las denuncias se desprenden de una investigación realizada por el Consejo transitorio, en el que se determinó la existencia de una presunta red delincuencial, dedicada al abuso de recursos públicos y tráfico de influencias para un supuesto favorecimiento de la compañía brasileña Odebrecht.
Según el informe, estos supuestos ilícitos se realizaron con base en negociaciones irregulares con el Estado, mediante la intervención de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), para la construcción del proyecto hidroeléctrico Manduriacu.
Seraquive indicó que según el mandato constitucional, al Cpccs le corresponde investigar sobre actos de corrupción y luego ponerlos en manos de las autoridades judiciales para que se establezcan responsables en el ámbito penal.
El funcionario prefirió no hablar de un perjuicio económico para el Estado en cifras, ya que si bien en el informe hay montos, espera que la Fiscalía realice los peritajes para determinarlo. Añadió que existen la presunción de varios delitos identificados por parte de servidores públicos como peculado, tráfico de influencia y cohecho.
En esta denuncia, incluso, se menciona al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas. En el caso del primero por nombrar personas sin probidad para comandar esta obra. Mientras que a Glas se lo señala como parte del entramado con Odebrecht.
La otra denuncia, relacionada con el mismo caso, es por un supuesto tráfico de influencias para archivar una denuncia similar que presentó la Comisión Anticorrupción previamente.
Seraquive espera que ahora se surta efecto. La diferencia –dice- es que ahora la investigación la ha hecho el Estado, a través del Cpccs y sus facultades constitucionales.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
